viernes 7 de octubre de 2022

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El mirador político

Pachao, los procedimientos y el sistema

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14 de agosto de 2022 - 00:30

Se discuten nombres: la filiación política o afectiva de quienes acceden a un puesto en el Poder Judicial, presuntas manipulaciones del procedimiento instituido en agosto de 2020 para designar a los candidatos a ocuparlos: Comisión Evaluadora con participación de la UNCA, en lugar del Consejo de la Magistratura.

No se discute la calidad del servicio que presta el sistema de Justicia, que es pésima independientemente de la adscripción partidaria o personal que tengan cada uno de sus miembros.

Esto es: la política se tensiona exclusivamente por la identidad de quiénes se suman a una casta que desde hace años arroja indicios de su incapacidad para satisfacer las demandas de la sociedad que la financia; las defecciones y fallas del sistema, en cambio, no generan polémicas.

Esto, en un contexto de degradación de la imagen de un poder del Estado que ha perdido en los últimos cinco años nada menos que cinco miembros por razones oprobiosas: los fiscales Roberto Mazzucco, Marcelo González y Jorge Flores y los camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales. Un sexto, el fiscal Ezequiel Walther, está en boca de tronera.

Las visibilidades que ganan cada tanto las evidencias sobre defecciones judiciales no conmueven tampoco a la política. Está el caso de las estafas criptofinancieras, por ejemplo, perpetradas no solo a caballo de la indiferencia, sino también con el concurso de fiscales que no tuvieron empacho alguno en calzarse las camisetas auspiciadas por una de las casas sospechadas para participar de un campeonato de fútbol.

Más dramáticamente, hay episodios como el crimen de Diego Iván Pachao, ejecutado hace diez años.

El asesinato, atribuido a los hermanos Leiva, que había reñido con él horas antes de la detención, quedó impune por prescripción; es decir: mero transcurso del tiempo. Por estos días son sometidos a juicio oral y público seis policías sólo por “vejaciones” e “incumplimiento de deberes del funcionario público”.

La hipótesis es que Pachao murió por las secuelas de las lesiones sufridas en la pelea con los Leiva, no por los eventuales maltratos de los policías.

Pachao entró a la Comisaría Séptima vivo y en perfectas condiciones de salud el 12 marzo de 2012 y salió agonizante pocas horas después hacia el Hospital San Juan Bautista, donde murió. Su padre pidió justicia hasta que falleció en un accidente de tránsito. Su madre espera que un improbable giro en el juicio derive las imputaciones hacia lo que el hecho fue: un asesinato.

Es preciso resaltar el contraste.

La negación de justicia a la familia Pachao no generó ninguna reacción política de energía similar a la de cualquier designación en el Poder Judicial operada por el Gobierno bajo el sistema instaurado en 2020. Y ninguna designación revirtió, en décadas, el menesteroso nivel del servicio judicial en Catamarca, que nadie parece inquietar.

Crimen impune

Pachao tenía 20 años cuando fue detenido junto a su amigo Leonel González.

A Claudia Véliz, su madre, no le permitieron verlo en la Comisaría Séptima. Recién pudo hacerlo cuando lo sacaron en coma rumbo al Hospital San Juan Bautista, donde murió dos días después de su detención.

“Su hijo no se salva ni acá ni en la China”, le dijo a la mujer uno de los médicos que lo examinó.

En un reportaje concedido al programa “Siete y Medio”, de Multimedios Ancasti, Véliz recriminó entre lágrimas la intemperie a la que fue arrojada por el Estado luego de que altas autoridades del Gobierno catamarqueño, por entonces en manos de Lucía Corpacci, le prometieran justicia y apoyo.

“Por más que yo salga, reclame y manifieste, ellos tienen la palabra, ellos son los que resuelven y hacen el verso”, dijo y denunció: “Quisieron callarnos con dinero”.

En la madrugada del 15 de marzo, luego del homicidio, se desató una violenta revuelta que tuvo en vilo a todo el barrio Parque América. Grupos de adolescentes y jóvenes encapuchados, a pie y a bordo de motocicletas de baja cilindrada, atacaron el destacamento de la Séptima a pedradas y con bombas tipo molotov.

El recién asumido Gobierno de Corpacci, que acababa de celebrar un año de su victoria sobre el FCS, consideró que el estallido había sido instigado por sectores ligados a la oposición y punteros a los que les había quitado el manejo de elementos para el asistencialismo.

El caso Pachao lleva al primer plano la discusión sobre las dificultades para acceder al servicio de justicia de familias carentes de influencias, recursos económicos o reconocimiento social suficientes para imprimir celeridad a las investigaciones El caso Pachao lleva al primer plano la discusión sobre las dificultades para acceder al servicio de justicia de familias carentes de influencias, recursos económicos o reconocimiento social suficientes para imprimir celeridad a las investigaciones

El 12 de junio de 2020, ocho años y pico después del crimen, Claudia Véliz elevó una carta al presidente Alberto Fernández pidiendo justicia para su hijo. Es prácticamente lo mismo que dijo al testificar en el juicio.

“En la comisaría se hicieron dueños de su vida. Once policías torturaron y finalmente asesinaron a mi hijo. Es un caso de impunidad del Poder Judicial en su totalidad. La ex gobernadora Corpacci nada hizo por ayudarnos. Solo mentiras y burlas recibimos, y promesas incumplidas”, reclamó.

El desdoblamiento de la causa fue el último eslabón de una cadena procesal que sacó a los policías de la línea de fuego y cargó las imputaciones más graves sobre los hermanos Leiva.

El trámite del expediente supera largamente las penas máximas que podrían caberles a los policías acusados: seis años por homicidio preterintencional, cinco por vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Síntesis

El derrotero del expediente Pachao desnuda no sólo las cualidades del sistema judicial catamarqueño. Desde el terreno político no salió, en diez años, ni una sola objeción a su trámite desde la oposición. El respaldo a la familia del chico se circunscribió a las facciones de la izquierda, que carecen de representación parlamentaria.

El caso lleva al primer plano la discusión sobre las dificultades para acceder al servicio de justicia de familias carentes de influencias, recursos económicos o reconocimiento social suficientes para imprimir celeridad a las investigaciones o pagar estudios jurídicos que empujen los expedientes en los enrevesados pasillos de tribunales.

En la construcción del desamparo es central, aparte de la condición humilde de las víctimas, una indiferencia social que reduce hasta el anonadamiento los costos políticos por la falta de respuestas.

Ese desamparo continúa incólume pese a los cambios introducidos en el método de selección de jueces y fiscales. Dedo, Consejo de la Magistratura o Comisión Evaluadora han sido impotentes para revertirlo.

Quizás el problema radique menos en los procedimientos que en los vicios del sistema.

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