El respaldo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) no incorporó al debate la revisión del reparto entre la Nación y las provincias mineras de los recursos fiscales que la minería genera.
domingo 9 de noviembre de 2025
El respaldo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) no incorporó al debate la revisión del reparto entre la Nación y las provincias mineras de los recursos fiscales que la minería genera.
Es una omisión llamativa en el contexto del revisionismo federal que se dio durante el primer tramo de la gestión de Javier Milei, al final del cual, antes de las elecciones, todos los gobernadores forzaron el veto presidencial de leyes obtenidas con mayorías abrumadoras para coparticipar la totalidad de los Aportes del Tesoro Nacional y la mayor parte del Impuesto a los Combustibles.
El hueco en la agenda se hace más ostensible en cuanto se considera que, siguiendo un impulso de regionalización en el interior tendiente a incrementar masa política, los gobernadores de provincias mineras se agruparon en las mesas del Litio y el Cobre, enclaves orientados tanto a garantizar estabilidad a inversores como a defender los intereses de los distritos mineros. O al menos eso es lo que se proclama.
El caso es que el apoyo al RIGI, que encapsula desmesuradas ventajas fiscales para sustraer a los holdings mineros de las fluctuaciones jurídicas argentinas, careció de un debate paralelo sobre la asimétrica distribución de las multimillonarias rentas que supuestamente arrojarán las inversiones mineras.
El Tesoro Nacional, como informó El Ancasti, se queda con el 75% de los tributos mineros, con la recaudación de impuestos de los que solo coparticipa dos, Ganancias e IVA, a todas las provincias. Se queda con todos los derechos de exportación e importación de los emprendimientos.
Las provincias mineras, Catamarca entre ellas, embolsan regalías e ingresos brutos. Alcanzan el 22% del total de la torta con lo que les toca por la coparticipación de Ganancias e IVA. El resto son tasas municipales.
Aunque es completamente legal, esta relación distributiva contradice el mandato constitucional que asigna la propiedad originaria de los recursos naturales a las provincias.
Si la Nación se queda con tres cuartos de la renta minera, es lícito preguntarse de quién son en realidad los recursos, mucho más en tiempos donde el orden libertario obsesionado por los superávits defecciona de la inversión en obras públicas.
El principio que delega la inversión pública en la iniciativa privada y retira al Estado, contrario al que sostienen los mandatarios provinciales, despoja al extractivismo nacional de todo disimulo.
En Catamarca, la mayor parte de la renta proveniente del litio, concentrada en fideicomisos, es destinada a inversiones en energía, instalaciones edilicias y rutas. El Gobierno postula la infraestructura como dispositivo de estímulo al desarrollo de las regiones mineras, pero se abstiene de señalar su función más evidente e inmediata: facilita a las empresas la extracción del mineral y les acelera su traslado.
De tal modo, la Provincia invierte su cuarto de la renta minera para mejorarle las condiciones de producción a emprendimientos que entregan los tres cuartos restantes a un Estado nacional refractario a invertir en el interior.
La inequidad es palmaria, pero las provincias mineras no la plantean y cantan loas a beneficios de la minería que siempre incluyen la generación de fuentes de trabajo y la red de proveedores. Es muy improbable que estas alegadas virtudes de la actividad emparden las millonadas de dólares que se lleva el Tesoro Nacional sin poner, desde la asunción de Milei, un peso siquiera para el bacheo de las rutas.
El caso del Paso San Francisco es un ejemplo claro y reciente del funcionamiento de este esquema leonino. El Gobierno anunció como un hito que permanecerá abierto al tránsito de modo permanente, en un acto del que participaron autoridades del lado chileno que comprometieron, ahora sí, poner en condiciones la ruta trasandina.
Este interés chileno se despierta justo cuando entra en producción el proyecto litífero “Tres Quebradas”, ubicado en Fiambalá y gestionado por el gigante chino Zijin-Liex.
Catamarca hizo todo los esfuerzos administrativos y económicos para poner en condiciones y asfaltar el emblemático Paso hasta la frontera con Chile. Las obras se completaron en 1999 y desde entonces se gasta en su mantenimiento.
Con el inicio de la explotación de Zijin, un cuarto de siglo después, servirá para trasladar el litio catamarqueño a los puertos de aguas profundas del norte de Chile. La vía no solo será útil para Tinogasta, sino también para la Puna: la renta litífera catamarqueña también se utilizó para adecuar los caminos que conectan Antofagasta de la Sierra y la puna salteña con el oeste.
Nótese la magnitud de la sonda extractiva San Francisco. La Nación cobrará los derechos de exportación del litio hacia el Pacífico y la eventual importación de bienes de capital que demanden los proyectos, Chile potenciará sus puertos de aguas profundas y Catamarca seguirá cobrando migajas que se gasta en optimizarle la logística a semejante negocio ajeno.
Christel Bories, presidenta del grupo minero francés Eramet, que empezó a exportar litio desde la puna salteña, sintetizó el filibusteril razonamiento.
"No estamos tan interesados en la Argentina, estamos interesados en el litio, primero que nada. Vamos a donde la naturaleza puso los minerales", dijo.
La ejecutiva explicó las condiciones que deberían cumplirse para obtener el favor de los inversores: eliminación total del control de cambios, estabilidad jurídica a largo plazo y, sobre todo, infraestructura adecuada en rutas, ferrocarriles, puertos y energía.
“Estos proyectos se ubican en zonas muy remotas. Sin infraestructura no se puede expandir la industria extractiva”, se quejó.
Catamarca y las provincias mineras pueden remitirse a antecedentes no lejanos de sistemas de excepción para fundamentar una participación mayor en la recaudación proveniente de la minería. Sistemas de excepción: lo mismo que el RIGI.
El Fondo del Conurbano Bonaerense, por ejemplo, se conformó en su momento con el 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias. La tajada se sustraía de la masa antes de proceder a la coparticipación.
Todos los derechos de exportación le corresponden al Tesoro Nacional, pero las provincias lograron en el marco de las disputas con el campo que se les repartiera un tercio de lo que se recaudaba por el grano a través del Fondo Sojero.
Ambos regímenes cayeron durante la Presidencia de Mauricio Macri, a cambio de compensaciones y la devolución del 15% de la coparticipación que la Casa Rosada retenía para solventar el sistema previsional desde su privatización.
Las analogías directas no son por lo general adecuadas, pero se trata de precedentes que pueden esgrimirse para disparar la discusión sobre el reparto de la renta minera.
Las provincias mineras tienen argumentos para hacerlo. Lo que se lleva la Nación proviene de la explotación de recursos no renovables y se requieren fondos para promover actividades sustentables que sostengan el desarrollo una vez que se agoten.