La parte del león. El tesoro nacional se queda con dos tercios de los tributos que paga la minería.
La distribución de los tributos y contribuciones al fisco provenientes de la actividad minera contradice el principio constitucional de que los recursos naturales pertenecen a las provincias. El Gobierno nacional se queda con el 75% del total, tres cuartas partes de la masa, a través de distintos impuestos de los cuales únicamente coparticipa dos, Ganancias e IVA.
Que provincias y municipios mineros se queden solo con el 25% de la renta fiscal minera amerita darle un impulso más enfático a la discusión sobre el reparto, teniendo en cuenta que son las provincias y localidades las que absorben el impacto ambiental, social y de infraestructura que genera la actividad.
En Catamarca, por ejemplo, la mayor parte del 3,5% sobre la facturación que se recauda por la explotación del litio se invierte en infraestructura para la zona de los yacimientos, sobre todo vial. El discurso oficial destaca las posibilidades de desarrollo que estas instalaciones implican para esas regiones, pero omiten lo obvio: las beneficiarias principales son las propias mineras, que mejoran las condiciones para sacar el mineral y trasladarlo.
En este contexto, hace un par de semanas se anunció que el Paso San Francisco permanecerá abierto al tránsito en forma permanente y se destacó el interés de las autoridades chilenas por ponerlo en condiciones de su lado.
Esta valoración del Paso por parte de Chile apareció poco después de que se anunciara otro gran acontecimiento: el inicio de la etapa de extracción de la litífera china Zijin-Liex en Fiambalá.
El promocionado Paso catamarqueño, que se terminó de asfaltar del lado argentino en 1999, cobra importancia estratégica un cuarto de siglo después como catéter para sacar el litio fiambalense y llevarlo a los puertos de Chile. Eventualmente también podría salir por allí con mayor facilidad el litio extraído de la Puna antofagasteña, dado el mejoramiento de la infraestructura vial de la región financiada con fondos provinciales.
La asimetría en la distribución de la renta litífera entre Nación y Provincia se torna más evidente en cuanto se adopta este punto de vista, en el contexto de un Gobierno nacional que ha abdicado de las inversiones en obra pública hasta en el elemental mantenimiento de las rutas.
El sector público provincial usa los pocos ingresos que le tocan para optimizarle la velocidad de extracción a los holdings y la Nación se lleva las tres cuartas partes de lo que esos beneficiados holdings tributan sin poner un peso. Porque si el litio fiambalense sale por San Francisco a Chile tendrá que pagar los correspondientes derechos de exportación que el Tesoro Nacional embucha íntegramente.
El caso es nítido. Catamarca ha hecho esfuerzos económicos enormes durante años para mantener abierto y en condiciones su corredor trasandino, y ahora que comenzaría a arrojar algún dividendo por el litio la Casa Rosada se quedará con la parte del león.
¿De quién es el litio, entonces? La pregunta se extiende a los recursos minerales y naturales en general.
El artículo 124 de la Constitución Nacional, que concede a las provincias la propiedad originaria de sus recursos naturales adquiere un carácter meramente declamativo, sobre el que conviene poner el foco ahora que las inversiones mineras se postulan como la gran salvación nacional.
Las provincias agrupadas en las mesas del Litio y del Cobre se pliegan entusiastas a esta prédica, en la que la revisión de las disparidades tributarias brilla hasta ahora por su ausencia. Ambos enclaves son un ámbito idóneo para que las provincias mineras articulen sus reclamos y hagan valer sus derechos. O lo que es lo mismo: breguen para que lo establecido en la Constitución nacional deje de ser papel mojado.
