Por diputada provincial Adriana Díaz
La persistencia de casos de bullying demuestra una brecha alarmante entre la ley y la realidad escolar. En Catamarca, tenemos normativas claras, y los casos continúan. Esto nos lleva a un debate más profundo: ¿dónde ponemos el foco de la solución?
Contamos con la Ley Provincial N° 5402 (de autoría de Guillermo Andrada) que busca erradicar el acoso y crea el Observatorio de Violencia Escolar, y también existe un Protocolo de Actuación en el Ministerio de Educación que detalla los pasos a seguir. El protocolo señala que la familia es "responsable en forma prioritaria" (Ley nacional N° 26.061) y que se debe informar inmediatamente a padres y autoridades.
Entonces, ¿el problema es la falta de normas o la eficacia de su aplicación? . Cuando un caso sale a la luz, a menudo la sociedad reclama castigos severos, incluso para padres, madres o tutores. ¿Es esa la solución definitiva?.
El marco de los derechos humanos y la Ley de Protección Integral de NNyA, indican que el enfoque debe ser restaurativo y preventivo, no solo punitivo. El castigo a los padres, por ejemplo, si bien puede ser una medida de presión ¿soluciona la raíz del problema de conducta y violencia en el niño o adolescente?. ¿Se está priorizando la reparación del daño y la reeducación sobre la sanción inmediata?
Las normativas deben aplicarse de manera integral, garantizando el interés superior del niño. El foco debe estar en la intervención temprana y especializada (como la mediación escolar que prevé el protocolo), y no solo en buscar culpables.
Necesitamos un debate serio sobre cómo pasar de la "letra" de las leyes y normas a la acción efectiva, respetando los derechos de los involucrados y asegurando que las escuelas sean verdaderos espacios de paz, tal como lo exige la Ley provincial N° 5402.
Según esta ley, denominada “Propiciase la regulación de la exclusión del maltrato y promoción de la cultura de paz en la comunidad educativa y prevención y erradicación de bullying o acoso escolar entre pares”:
El directivo del establecimiento debe: Convocar a la integración del “Consejo para prevención y resolución de conflictos y violencia escolar” y presidirlo. Incorporar al Código de convivencia de la institución educativa las normas sobre maltrato escolar, emitidas por el Observatorio de violencia. Adoptar medidas para preservar la integridad física, psíquica y social de los miembros de la comunidad educativa involucrados en maltrato y promover la formulación de mediadores escolares para lograr una convivencia armoniosa en la comunidad educativa.
Además, la ley establece los derechos de las personas receptoras y generadoras de maltrato. Entre otros puntos establece: Obtener protección inmediata y efectiva de las autoridades que intervengan ante riesgos o daños en su integridad física, psíquica y social. Recibir información veraz, completa y fehaciente para poder determinar entre las opciones de atención. Asesoramiento médico, psicológico y psicopedagógico. Asesoramiento y representación jurídica gratuita, y Acceso y celeridad en la procuración y administración de justicia.
En tanto, la establece que los estudiantes deben: Fomentar la cultura de paz, incorporar conductas de respeto en los integrantes de la comunidad educativa y denunciar los casos de maltrato que conocieren.
Entre las obligaciones de los docentes, la norma vigente señala: Detectar a los alumnos que por sus condiciones de vulnerabilidad estén expuestos a hechos de maltrato e informar al Consejo a los fines de su prevención.
Por su parte, los padres o tutores de los estudiantes deben: Participar activamente con docentes y directivos de la institución para lograr un ámbito libre de maltrato y Colaborar y corregir conductas que evidencien maltrato.
No faltan normativas, tanto en el orden nacional como local, falta aplicarlas de manera integral. El punitivismo no soluciona el problema de fondo, aplicarlo per sé, sería poner la mirada en una sola dimensión del problema. La cultura de la paz en la escuela es un proceso que busca transformar la comunidad escolar para resolver conflictos de manera pacífica. Esto se logra fomentando valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el diálogo, y desarrollando comportamientos no violentos, de cooperación y de cuidado. Su objetivo es crear un entorno seguro y armónico donde se promueva la justicia social y se valoren los derechos humanos.
*- Lic. Adriana Díaz
Diputada provincial
Presidenta de la comisión de derechos humanos, garantías y diversidad de la Cámara de diputados de Catamarca
