Entre junio y noviembre presentaron cinco notas a la escuela. Como la última no fue recibida, los familiares la entregaron en la Dirección de Mediación Escolar.
Cinco presentaciones administrativas efectuadas ante las autoridades del Colegio Privado Pía Didoménico y la Dirección Provincial de Mediación Escolar pusieron en evidencia el contraste entre la rigurosidad técnica de los reclamos jurídicos efectuados por la madre de una alumna -en su doble condición de progenitora y abogada-, y la pasividad institucional del establecimiento educativo para adoptar medidas de protección frente a hechos judicializados de violencia digital y bullying.
A través de sus notas presentadas entre junio y noviembre de 2026, informó al Colegio sobre el conflicto que se originó a partir de la sustracción de un video íntimo de su hija con su novio, la viralización de esas imágenes y el hostigamiento sistemático al que fue sometida la estudiante.
Les informó además que el incidente del video derivó en una denuncia a principio de junio de 2026 en la Fiscalía Penal Juvenil contra dos adolescentes que accedieron al celular de su hija sin contar con permiso previo, y aseguró que el conflicto originario no solo persistió en el tiempo, sino que ramificó sus derivaciones judiciales.
Además, en las últimas actuaciones que realizó en noviembre notificó a la dirección del colegio sobre otra presentación efectuada ante la Fiscalía de Instrucción Nº 7 con competencia en Ciberdelitos a cargo de Paola González Pinto, pidiendo ser admitida en la causa como querellante particular.
En esa oportunidad avisó al colegio sobre la investigación de conductas de hostigamiento por parte de una alumna distinguida de la misma comunidad educativa, que en un “story time” viralizó un video admitiendo y jactándose de las agresiones efectuadas a su hija.
Sobre este último caso -en que la alumna tiene 18 años-, pidió al colegio que tome medidas en función a lo establecido en la Resolución Ministerial E. N.º 304/2024, sobre el régimen de convivencia y los criterios para la designación de abanderados y escoltas.
En este marco, se requirió formalmente la revisión de la condición de honor de esa alumna que fue señalada en publicaciones intimidatorias difundidas a través de redes sociales, argumentando que esas conductas resultan incompatibles con los valores institucionales exigidos por el establecimiento.
Los escritos también incorporaron certificados médicos, psiquiátricos y psicológicos emitidos por profesionales de la salud, advirtiendo que su hija presentaba cuadros de ansiedad, ataques de pánico, insomnio y un diagnóstico de síndrome postraumático derivado directamente de las agresiones sufridas por parte de sus compañeros.
En reiteradas ocasiones les exigió a las autoridades del Pía Didoménico que gestionen el aislamiento físico de los alumnos denunciados a través de la reestructuración de horarios o la modalidad virtual, con el propósito de evitar la revictimización de la menor en el ámbito escolar.
Siempre de acuerdo a los escritos presentados, a pesar de las advertencias sobre la responsabilidad civil y penal de la institución y del impacto emocional reflejado tanto en la salud de la menor como en el sostenimiento de la dinámica familiar, la respuesta del colegio derivó en la continuidad del cursado bajo modalidad virtual para su hija.
La tensión institucional llegó a un punto crítico a comienzos de noviembre, cuando las autoridades del Colegio se negaron a recibir una nota en la que informaba su constitución como querellante en la causa que se tramita en la Fiscalía N°7, “para contribuir al resguardo de la buena convivencia institucional y poner en conocimiento de esa dirección las actuaciones judiciales iniciadas”.
Ante la negativa, la progenitora acudió a la Dirección Provincial de Mediación Escolar, dependiente del Ministerio de Educación y Trabajo, donde la directora María Vargas Fernández, recibió el documento.
En el Fuero Penal Juvenil se tramita la causa en la que hay tres alumnos imputados por “producción de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas, en concurso real con distribución de representaciones de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas”.
El expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, en la órbita del fuero especializado. Los camaristas Juan Rosales, Horacio Brizuela y Elena Berrondo Isí deberán resolver dos planteos: uno de la defensa de dos acusados con relación al segundo hecho imputado y otro del joven que aparece en el video, considerado ofendido pero excluido de la querella. Al ser mayor de 18 años, no puede ser considerado víctima del delito investigado.
La viralización del “story time” puso en evidencia la causa que había comenzado a tramitarse a mediados de año en el Fuero Penal Juvenil por la producción y distribución de material íntimo. A la vez, se dio inicio a la causa que se investiga en la Fiscalía N°7, tras la denuncia efectuada por la asesora de Menores e Incapaces Carolina Acuña Barrionuevo. La imputación de la alumna sería inminente.
Como el colegio expulsó a la alumna que publicó el “story time”, a semanas de finalizar el ciclo lectivo y egresar del nivel secundario, se generó otro expediente judicial.
La estudiante que ya es mayor de edad presentó un recurso de amparo para que en un plazo de 48 horas se resuelva su situación y se frene la expulsión.
La jueza de Control de Garantías, Cecilia Mas Saadi, salió sorteada para resolver el planteo. Su competencia fue confirmada y se espera que próximamente emita una resolución.
