La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación sostuvo que actuaron con reparto de tareas y que no poder individualizar el golpe no excluye la responsabilidad de ninguno.
Condena. Tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer como policías.
Los policías Mayco Gabriel Stec, Osvaldo Omar Rodríguez y Ramón Rosa Avellaneda presentaron un recurso de casación contra la condena a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por “vejaciones agravadas por mediar violencia”. La Sala Penal de la Corte de Justicia resolverá el planteo.
El hecho que derivó en el juicio oral y público ocurrió el 4 de junio de 2017, a la 01.30 aproximadamente, en la zona norte de la Capital. La víctima, que entonces tenía 16 años, arribó a su vivienda ubicada en la zona norte de la Capital. Llegó a bordo de una moto y repentinamente arribaron los policías Stec, Rodríguez y Avellaneda, en dos motos, quienes trabajaban en la Comisaría Séptima. Los uniformados lo tiraron al piso y lo golpearon con una cachiporra. Le provocaron una fractura desplazada del húmero izquierdo. Según la pericia traumatológica, requirió cirugía, prótesis y 12 meses de rehabilitación y le quedaron secuelas permanentes y una cicatriz de unos 25 centímetros.
Para la Fiscalía, los efectivos redujeron y agredieron físicamente al joven, “abusando de sus funciones, arrojándolo al piso y aplicándole golpes con una cachiporra en diferentes partes del cuerpo”. Durante el maltrato, uno de los numerarios le dobló el brazo izquierdo y le provocó una fractura. Por la gravedad de los hechos y de las lesiones, la Fiscalía los imputó como “coautores de vejaciones agravadas por mediar violencia”.
El 15 de octubre pasado, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación dio a conocer el veredicto. El tribunal estuvo integrado por los jueces Mauricio Navarro Foressi, Fernando Esteban y Rodrigo Morabito. Los magistrados además hicieron lugar parcialmente a la acción civil.
En los fundamentos del fallo, elaborados por el juez Esteban –con adhesión de Navarro Foressi y de Morabito-, se describió un hecho de “extrema violencia”: un adolescente de 16 años golpeado en la puerta de su casa y ante su familia, incluido su hermano de 13. El tribunal consideró la agresión como un hecho de violencia institucional. Aun así, la pena quedó cerca del mínimo de la escala, que con la agravante de violencia va de dos a seis años, y en suspenso. Como atenuantes pesaron el tiempo transcurrido (nueve años), las condiciones personales de los acusados y la ausencia de antecedentes.
De acuerdo con la prueba obtenida, los policías llevaban uniforme, casco y pasamontañas, y ningún testigo pudo reconocerlos. El tribunal los identificó por otra vía. Seis testigos presenciales (el adolescente, su padre, un cuñado, su hermano y dos vecinas) coincidieron en que fueron tres policías motorizados, dos altos y uno bajo, que llegaron primero, antes que los refuerzos.
Los propios acusados se ubicaron en el lugar y la hora, y otros policías, entre ellos el entonces jefe de la Comisaría Octava, los señalaron como los motorizados que llegaron antes. Un informe de la Séptima confirmó quiénes acompañaban a Stec.
Las actas judiciales constataron politraumatismos y daños en la puerta que los policías forzaron. El examen médico del hermano registró una lesión en un dedo, compatible con que intentó ayudarlo.
La defensa sostuvo que la fractura fue por un choque contra bloques de cemento. El tribunal lo descartó; no explica los golpes en distintas partes del cuerpo ni la lesión del hermano.
En el contexto de la agresión, el tribunal remarcó que no se pudo determinar cuál de los tres causó la fractura. La Cámara consideró que actuaron de común acuerdo y con división de tareas (dos sujetaban y uno golpeaba), por lo que cada uno tuvo el “dominio funcional del hecho”. La diferencia entre la acusación (torsión del brazo) y los testigos (golpe con cachiporra) no afecta la congruencia, porque fue una única acción violenta.
Los acusados respondieron por “vejaciones agravadas”. Lo que se reprocha es, sobre todo, el abuso de la función policial. Las lesiones no excluyen el delito, muestran su gravedad. El fallo se apoyó en un precedente de la Sala Penal de la Corte, con voto de la ministra Saldaño, en el que policías acusados por apremios ilegales fueron condenados por vejaciones.
A la vez, el tribunal fijó una indemnización de $8.000.000, de los $69.000.000 reclamados, con responsabilidad solidaria del Estado Provincial, que podrá repetir lo pagado contra los condenados. Los intereses corren desde 2017.
