En audiencia de cesura de pena, se le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso. La Sala Penal elevó a cinco años de prisión efectiva.
Abuso sexual en la infancia. Un ultraje que se prolongó durante 14 años.
El hombre a quien la Sala Penal de la Corte de Justicia catamarqueña le elevó la condena de tres años de prisión en suspenso a cinco años de prisión efectiva presentó un nuevo recurso casación. Ahora, la Sala Doble Conforme deberá revisar esta nueva sentencia. No obstante, hasta tanto la sentencia quede firme, el penado mantiene la libertad.
Los abusos fueron constantes, durante 14 años. El acusado ultrajó a su hija desde que ella era una niña de ocho años.
En julio de 2025, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, el acusado se sometió a un juicio por jurados para responder por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización continuado calificado por el vínculo y el daño en la salud mental de la víctima”. Sin embargo, el jurado –integrado por 12 vecinos– tras una deliberación de casi cuatro horas, por unanimidad, halló culpable al acusado en el delito de “abuso sexual simple agravado por el vínculo y continuado”. En audiencia de cesura de pena, el juez director fijó una condena de tres años de prisión en suspenso, con reglas de conducta y una capacitación obligatoria en perspectiva de género.
Ante esa pena, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella presentaron recursos de casación. La Sala Penal, integrada por los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño, hizo lugar al recurso de la Fiscalía y declaró inadmisible el de la querella, que también pedía una pena mayor.
En audiencia de expresión de agravios, el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín señaló que la situación vivenciada por la víctima, la falta de remordimiento por parte del acusado, la inexistencia de reconocimiento del daño causado y la barbarie en la ofensa a la propia hija, deben ser consideradas como agravantes para la pena. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la ejecución de la condena no puede ser en suspenso, porque “deja a una víctima sin justicia y a un delincuente sin castigo”. Además, entre otras cuestiones, remarcó que la extensión del daño y el peligro causado, dan cuenta de las consecuencias materiales del delito y del grado de afectación, el que debe entenderse como el resultado doloso llevado a cabo por quien debía procurar una relación parental de afecto y respeto.
A la vez, señaló que las circunstancias evidenciaron la perversidad e insensibilidad de la capacidad delictiva del acusado. No sólo queda en evidencia la peligrosidad del acusado, sino también, la gravedad del delito.
“La relación de confianza y cercanía constituye un agravante, no solo por la traición que significa, sino por la mayor indefensión de la víctima frente al ataque de una persona que aprovecha esa situación para cometer un delito”, sostuvo.
Al revocar la pena en suspenso y fijar cinco años de prisión de cumplimiento efectico, la Sala Penal hizo algo más que corregir un monto. Fijó un criterio sobre cómo deben medir la pena los jueces cuando el hecho es violencia de género contra una niña.
El ministro Hernán Martel elaboró los fundamentos del fallo. Sus pares Fernanda Rosales Andreotti y Verónica Saldaño adhirieron. De esta manera, la Sala Penal puso el acento en la doble vulnerabilidad de la víctima, niña y mujer.
“El hecho por el cual el acusado fue declarado penalmente responsable constituye una manifestación de violencia cometida contra una víctima doblemente protegida, por su condición de mujer y por ser menor de edad. La violencia ejercida contra la mujer constituye una forma de violación a los derechos humanos y una manifestación de discriminación prohibida por los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional. La víctima reviste la condición de niña y de mujer, lo que la sitúa en un escenario de doble vulnerabilidad”, se indicó.
A la vez, la Sala Penal advirtió que los hechos se desarrollaron de manera continuada a lo largo de 14 años, circunstancia que evidencia un sometimiento sostenido en el tiempo y una persistencia del dominio del agresor sobre la víctima, factores que incrementan de manera significativa la gravedad del injusto y la intensidad del daño ocasionado. “Tal prolongación temporal del abuso revela un mayor grado de reprochabilidad del accionar del condenado, en tanto denota una voluntad de sometimiento estable y un aprovechamiento sistemático de la situación de vulnerabilidad de la víctima”, se señaló.
En el mismo fallo, la Sala Penal recordó que todo hecho de violencia dirigido contra la mujer debe ser ineludiblemente considerado teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por el Estado argentino, bajo pena de hacer incurrir al mismo en responsabilidad internacional, no resultando necesario que la cuestión de género se encuentre introducida en la causa. En este sentido, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que las medidas especiales de protección a cargo del Estado se basan en que este grupo se considera más vulnerable, lo que además se determina por distintos factores como edad, condiciones particulares de cada persona, grado de madurez y desarrollo, entre otras cuestiones.
“En el caso de las niñas su vulnerabilidad se ha enmarcado en factores de discriminación histórica que han contribuido a que mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en el ámbito familiar. En definitiva, lo que se viene a decir es que se trata de dos categorías (género y edad) que concurren y aumentan el grado de vulnerabilidad de la víctima. Considerar en este momento de imposición de la pena la relación desigual y de superioridad, que se genera entre una mujer y un varón en el caso concreto, no implica una doble valoración sino una mirada precisa en cuanto a la naturaleza de la acción. Esta circunstancia se explica como la concreción de esa desigualdad estructural que nos obliga a mirar el mandato de valorar los casos con perspectiva de género. Y, consecuentemente, aumentan la intensidad de la naturaleza de la acción con relación al mínimo legal establecido y permiten elevar la pena en consecuencia”, se sostuvo.
Ahora, la Sala Doble Conforme deberá revisar esta nueva sentencia. Los ministros Jorge Rafael Bracamonte, Fabiana Edith Gómez y José Cáceres resolverán el recurso.
De acuerdo con el criterio fijado por la propia Sala Penal, los ministros partieron del mínimo y de allí “elevaron y disminuyeron” según los agravantes y atenuantes.
Como único atenuante computaron la falta de antecedentes. En cambio, descartaron como atenuantes los lazos afectivos que invocó el acusado y su conducta durante el proceso, porque cumplir con las obligaciones procesales no suma a su favor. Aclararon, además, que la falta de arrepentimiento no puede perjudicarlo, porque nadie está obligado a confesar.
