Cristian Rivaldi, está acusado de abuso de autoridad y lesiones leves. El proceso está a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
A las once de la mañana, el juez federal Daniel Rafecas comenzará a juzgar un caso emblemático de la represión durante el gobierno de Javier Milei: el ataque con gas irritante por parte de un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) a una nena de diez años que había ido con su mamá a una manifestación en apoyo a los jubilados.
El 11 de septiembre de 2024, Fabrizia Pegoraro estaba sentada sobre la avenida Rivadavia junto a su mamá, Carla Mariana Pegoraro, cuando les llegó la orden a las fuerzas federales de avanzar para despejar la calle de manifestantes.
La mujer y la nena estaban de espaldas cuando Cristian Rivaldi, principal de la PFA, las roció. Ambas tuvieron que ser atendidas en la zona del Congreso. Fabrizia debió ser asistida más tarde en el Hospital Santa Lucía, donde le diagnosticaron una conjuntivitis química.
En ese momento, Rivaldi, de 39 años, cumplía funciones en la DOUCAD. Según explica la propia PFA en sus redes sociales, la DOUCAD es la “unidad especializada en el control de multitudes, el control del orden público, así como en la contención y prevención de tumultos durante grandes concentraciones de personas, en los asuntos que resulten de competencia del Estado Nacional”.
Durante la instrucción de la causa, la estrategia principal de Rivaldi fue decir que él no había visto que estaban Fabrizia y su mamá. Por el contrario, habló de una persona no identificada que arrojaba gas pimienta y de otro hombre que estaba atacando a Gerardo Perillo Scampini, jefe del Departamento del Cuerpo de Infantería de la PFA.
La maniobra defensista de Rivaldi se encuadró en la estrategia que empleó el Gobierno para intentar explicar lo que había pasado con la nena: decir que, en realidad, había sido rociada con gas pimienta por una persona ajena a las fuerzas federales. En redes sociales, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó de “irresponsable” a la madre de Fabrizia por haber llevado a la nena a una manifestación. Su número dos de aquel momento y actual reemplazante, Alejandra Monteoliva, salió a decir en los medios de comunicación que la atacante habría sido una mujer que vestía de naranja. Es decir, una socorrista.
Las explicaciones oficiales no tuvieron demasiado eco, ni siquiera en los tribunales de Comodoro Py, donde Rivaldi terminó procesado y elevado a juicio. El fiscal Eduardo Taiano lo acusa de abuso de autoridad y lesiones leves contra Fabrizia y su mamá.
“Se juzga una decisión individual de un funcionario público que usó la fuerza del Estado contra una nena y su mamá que no agredían a nadie. No se juzga a una fuerza ni a una política de seguridad: se juzga un hecho, y vamos a pedir condena”, dice el abogado Gregorio Dalbón, que representa a Fabrizia y a su mamá.
En el pedido de elevación a juicio, Taiano señaló que Rivaldi había actuado de manera desmedida e injustificada cuando madre e hija estaban sentadas sin ofrecer ningún tipo de resistencia.
La descripción de los hechos –que se puede hacer en base a las imágenes disponibles– es fundamental para entender que Rivaldi habría violado la normativa vigente que establece que el uso de materiales químicos debe ser ante la inminencia de una agresión.
En ese sentido, no respetó el reglamento general para el empleo de armamento no letal de inmovilización e incapacitación de agresores por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad ni el manual de capacitación policial en el uso racional de la fuerza.
Rivaldi incluso habría violado el llamado “protocolo antipiquetes”, que fue el caballito de batalla de Bullrich y Monteoliva para reprimir. La resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad establece en su artículo 5 que “los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales”.
Las estadísticas, confeccionadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), permiten ver que la represión fue in crescendo desde que Milei llegó a la Casa Rosada. En 2024 fueron reprimidas 17 protestas, mientras que en 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron violentamente en 34 movilizaciones. En 2024, los heridos sumaron 1216, mientras que en 2025 ascendieron a 1369, lo que implica un incremento del 13 por ciento en la cantidad de personas heridas. Solo en marzo de 2025, 789 personas resultaron heridas. El 12 de marzo fue el día de mayor despliegue represivo. Allí, la Gendarmería dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo.
Según explicó Dalbón a este diario, la defensa ofreció dos integrantes de las fuerzas de seguridad como testigos. La acusación, por el contrario, se basará en las imágenes y peritajes. Es posible que Rafecas llegue a dictar sentencia durante el día.
