Ante el planteo realizado por El Ancasti sobre la denuncia pública de presunto espionaje ilegal, el diputado provincial Javier Galán (MID) aseguró que “existe una referencia en el expediente a un requerimiento del juez” sobre su persona, y que “consta la comisión de personal policial para realizar, de manera reservada, tareas de investigación” sobre sus domicilios.
Galán cuestionó que se haya mencionado que hizo la denuncia pública sin pruebas, sugirió “rigor periodístico e información completa”.
En tal sentido, el jefe de Policía, Marcos Herrera, explicó que no existe orden alguna para investigar a Galán y negó todo tipo de acusaciones sobre un posible espionaje o tareas especiales que involucren a personal civil en una investigación extrajudicial sobre el diputado.
Tal como lo señaló en su opinión editorial de hoy, El Ancasti insiste en que el hecho de que la Justicia haya pedido el desafuero del diputado no implica necesariamente que eso vaya a prosperar en la Cámara de Diputados, ni mucho menos implica una condena sobre el diputado.
En otras palabras: la solicitud de desafuero no significa que el diputado Galán sea culpable de delito alguno, sino que es un pedido de autorización a la Legislatura abrir sobre él una investigación penal preparatoria, en la que la Justicia deberá reunir elementos probatorios suficientes para acusarlo y para elevar la causa a juicio; mientras que el propio Galán y sus abogados podrán hacer todas las presentaciones que consideren útiles para ejercer su defensa.
Incluso aún si el diputado fuera condenado en un juicio, su presunción de inocencia permanecerá vigente hasta que esa condena quede firme.
