El comisario Marcos Herrera dijo que no hubo órdenes del comando ni directivas judiciales para realizar seguimientos.
Herrera. El jefe de la policia aseguró que ni la Jefatura ni la Justicia dispusieron tareas de inteligencia.
El jefe de la Policía de Catamarca, el comisario Marcos Herrera, rechazó las acusaciones del diputado provincial Javier Galán sobre presuntas tareas de inteligencia y seguimiento en su contra. Aseguró que desde la Jefatura no se impartió ninguna orden para investigar al legislador y que tampoco existe una directiva judicial vinculada con el caso.
Herrera contó que la denuncia los tomó por sorpresa en la Jefatura y afirmó que "la policía no está para ese tipo de trabajo". Según dijo, "desde el comando de la institución y desde la justicia no se ha dispuesto ningún trabajo de esa índole". Sobre ese punto remarcó que todo lo que hace al personal policial está bajo su responsabilidad.
El comisario explicó que las investigaciones de civil las realizan, por lo general, el departamento de investigación judicial y el de drogas peligrosas, y que lo hacen "en el marco de la ley y por disposición de la justicia". Agregó que el comando también puede disponer acciones de prevención del delito, aunque siempre dentro de ese marco legal. Describió que las divisiones que dependen de esas áreas realizan a diario un "arduo trabajo" y que, en cuanto a lo que mencionó el diputado, "por supuesto que no". En relación con este caso, señaló que todavía no hay ninguna directiva judicial.
Ante posibles irregularidades, Herrera instó a presentar las denuncias correspondientes. Dijo que quienes tengan dudas "están en su derecho de realizar las denuncias correspondientes y nos ponemos a disposición también para ayudar a investigar". Y defendió a la fuerza de seguridad: "tenemos una de las policías más honestas de todo el país, con un personal capacitado".
El jefe policial indicó además que mantiene contacto permanente con el secretario de Seguridad y el ministro de Gobierno, y que el tema se planteó con ellos "para que estén tranquilos" de que desde la institución no se lleva adelante ninguna de esas tareas.
La diputada provincial Natalia Ponferrada habló en El Ancasti Streaming sobre la situación de Galán y el pedido de desafuero. Dijo que la Cámara todavía no recibió una comunicación oficial y que el tema no ingresó entre las comunicaciones de la última sesión. Más allá de los tiempos, sostuvo que "somos todos iguales ante la ley" y que, como legisladores, "tendríamos que dar un ejemplo". A título personal, planteó que si ella fuera la denunciada renunciaría a sus fueros "porque estoy convencida de que no tengo nada que ocultar".
Consultada por las referencias de Galán a un carpetazo y a una persecución política, Ponferrada se preguntó: "¿Y no querrá que lo investiguen?", aunque aclaró que se trataba de una apreciación personal. Recordó que el diputado está denunciado en la justicia penal, admitió que la acusación es grave y afirmó que "si él manifiesta que esto es todo armado, que lo demuestre". Para ella, el desafuero no implica sacarlo de la cancha, sino permitir el acceso a la documentación y a las pruebas para que todo se aclare a favor o en contra.
Sobre la posibilidad de que el desafuero alcance los 27 votos, opinó que el legislador "quiere poner en la vidriera situaciones que él cree que pueden ocurrir". Frente a la afirmación de Galán de que en materia de peculado "lo hacen todos", Ponferrada señaló que no sabe a qué se refiere y que no conoce situaciones de colegas en ese sentido. Respecto de su estilo de campaña en redes sociales, dijo que no está de acuerdo con esas formas, pero que "son elecciones personales de cada uno".
La abogada Silvia Barrientos, que representa a denunciantes en las causas que involucran a Galán junto con el doctor Jaime Morales, calificó de "muy grave" la denuncia sobre los seguimientos, que según remarcó el diputado hizo de manera pública. Planteó que, si no la formaliza ni la comprueba, "estaría cometiendo un delito infraganti, un delito de falsa denuncia". Y sostuvo que nadie puede denunciar sin pruebas.
Barrientos aseguró que "pruebas es lo que abunda" y que "nosotros tenemos toda la prueba que ya está en los tribunales". Sostuvo que, cuando se analicen los teléfonos y las computadoras del legislador y se determine su geolocalización en los días de los hechos, esa prueba va a coincidir con la ya reunida. Indicó que los teléfonos de las víctimas se analizaron en un laboratorio con la presencia de una perito informática propuesta por la defensa del diputado. También cuestionó los nuevos planteos de nulidad que presenta la defensa para evitar el desafuero.
A criterio de la letrada, Galán "no tiene problemas con la justicia, tiene problemas con la ley". Cuestionó que el diputado hable de persecución pero no diga que es inocente, y señaló que lo que deban hacer los legisladores le corresponde a ellos: "Lo harán ellos, y si no lo hacen, ellos sabrán por qué no lo hacen". Aseguró que en este caso "la justicia está obrando conforme a la ley" y se mostró convencida de que Galán será imputado y condenado.
El abogado Pedro Vélez se sumó a la defensa del diputado Javier Galán junto con Leonardo Berber y presentó una nulidad y un recurso de apelación contra el auto que solicita el desafuero del legislador.
Vélez explicó que la nulidad se apoya en que todavía se discute si el artículo 20 del Código de Procedimientos Penales de la Provincia es constitucional o si el plazo venció. Ese punto está en trámite mediante un recurso extraordinario federal, presentado el 29 de octubre y todavía sin resolución de la Corte. Según el letrado, el código establece que un recurso, ordinario o extraordinario, tiene efecto suspensivo, por lo que "no debía haberse dictado el pedido de desafuero".
La apelación, en tanto, cuestiona también la prueba. Vélez sostuvo que el juez de garantías no debió dictar el desafuero y que no hay prueba suficiente. A su entender, la valoración realizada no se condice con las constancias de la causa.
El abogado detalló que el proceso de desafuero debe realizarse en dos meses, bajo pena de caducidad, para que no se prolongue indefinidamente. Según relató, la defensa anterior ya había cuestionado ese plazo: el juzgado de garantías reconoció que estaba vencido, pero entendió que la actuación quedaba convalidada por algunas medidas probatorias. La Cámara también admitió el vencimiento, pero declaró de oficio la inconstitucionalidad del artículo en este caso por tratarse de supuestos hechos de violencia de género.
Vélez indicó que, por lo que sabe, el pedido no llegó a la Cámara de Diputados "y no corresponde que llegue", porque la resolución es apelable y el juez debe resolver antes la nulidad, ya que el pedido se emitió mediando un recurso pendiente. En ese marco, la defensa ofreció como prueba una copia del recurso ante la Corte y solicitó una suplicatoria para constatar que el trámite está pendiente.
