La imagen tradicional del trabajador asalariado como alguien con las necesidades básicas cubiertas se ha desmoronado completamente en Argentina. Hoy, tener un sueldo fijo ya no es una garantía mínima para no caer en lo que se denomina inseguridad alimentaria. La persistente y acelerada caída del poder adquisitivo de los salarios durante la última década ha generado una franja de la población integrada por personas con un empleo estable que, paradójicamente, sufren de déficit alimentario. No se trata de un fenómeno marginal: es la evidencia de que el salario ha dejado de ser el escudo que protegía de la pobreza.
El último informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina ha contribuido a precisar este nuevo fenómeno social. Aproximadamente 15 de cada 100 asalariados en el país padece algún grado de "inseguridad alimentaria". Lo más grave es que seis de ellos la sufren de forma "severa". En el caso de los trabajadores por cuenta propia el índice se dispara al 25%, evidenciando la extrema vulnerabilidad de la economía informal.
La situación de inseguridad alimentaria se releva a partir de preguntas concretas sobre el acceso a alimentos, la necesidad de reducir el tamaño de las porciones o la angustiante sensación de hambre en los hogares.
La principal explicación de este fenómeno reside en la elevada informalidad y la precariedad laboral que afecta a vastos sectores de la economía. Es en el empleo no registrado donde la exposición a la pobreza es máxima. No obstante, el problema se extiende incluso a los sectores más formalizados, al punto que el 7,4% de los trabajadores registrados (sin considerar el servicio doméstico) también padece de inseguridad alimentaria.
Esto se explica por el retraso de la evolución de los ingresos salariales respecto de los índices inflacionarios. Los sueldos, incluso los que cumplen con las normativas laborales, han perdido la carrera contra el costo de vida, especialmente el de los alimentos. El índice de inseguridad alimentaria muestra una tendencia progresiva y alarmante: del 17,3% en 2022 pasó al 18,8% en 2023, y escaló hasta un preocupante 22,5% en 2024.
El informe de la UCA también traza el perfil de quienes están más expuestos a esta crisis alimentaria, señalando que la inseguridad se concentra especialmente en personas de estratos socioeconómicos bajos, con menor nivel educativo, jóvenes y mujeres y trabajadores que no están afiliados a sindicatos que, en términos generales, operan como un factor de protección, garantizando mejores condiciones laborales, salariales y acceso a derechos.
De modo que resulta necesario que desde el Estado se generen políticas públicas concretas tendientes a mejorar los ingresos reales de los trabajadores, con el objeto de garantizar que el salario vuelva a ser la herramienta efectiva para ejercer el derecho a una vida digna, con una alimentación saludable asegurada.
