Un incremento superior al 2000% en el precio y una caída del 40% en la venta de las órdenes en lo que va del año marcan la difícil situación de la Obra Social de los Empleados Públicos.
martes 8 de octubre de 2024
Un incremento superior al 2000% en el precio y una caída del 40% en la venta de las órdenes en lo que va del año marcan la difícil situación de la Obra Social de los Empleados Públicos.
El deterioro del poder adquisitivo de los afiliados repercute en la baja de la demanda de prestaciones médicas, por ende de la recaudación a través de los coseguros, y eso intenta compensarse con el aumento del precio de las órdenes para responder a la presión de los prestadores por aumentos. Una trama compleja bajo el influjo de la inflación y la crisis, que agrava el crónico problema del déficit.
En ese contexto, el caso de las órdenes truchas protagonizado por el intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez, cobra dimensiones más escandalosas. ¿Cuánto pierde la obra social por maniobras fraudulentas y abusos de prestadores?
El expediente de Gómez ya está en la Fiscalía de Estado e inicia un periplo democrático que eventualmente abrirá paso a planteos penales, pero reactualiza una discusión que emerge cada tanto para diluirse a poco de andar.
Los sondeos preliminares de OSEP arrojaron elementos suficientes como para darle intervención a la Fiscalía de Estado en el caso particular de Gómez. El lord mayor, al parecer, compraba órdenes a nombre de afiliados y luego se las facturaba a la obra social.
Se trata de un “modus operandi” habitual, prácticamente un sistema que hasta ahora no se ha atacado en profundidad. Hay que tener en cuenta todas la ramificaciones, pues podrían estar involucrados no solo profesionales individuales, sino también nosocomios.
Sobre Gómez podrán caer o no sanciones, pero una golondrina no hace verano.
Ya que el tema vuelve a instalarse, la OSEP y el propio Gobierno a través del Ministerio de Salud podrían aprovechar para avanzar en una auditoría a fondo para determinar tanto la extensión de este tipo de maniobras, que configuran fraudes en contra de la administración pública, sino también la magnitud de su gravitación en el desfinanciamiento de la obra social.
Por supuesto, esto demanda decisiones políticas que podrían generar tensiones con la poderosa corporación médica, pero los profesionales de la medicina y las clínicas y sanatorios deberían tener en cuenta el viejo adagio “la codicia rompe el saco”. Al margen de las consideraciones éticas, el perjuicio que generan las estafas restringe el margen de la OSEP para satisfacer las demandas legítimas de actualización en los precios de las prestaciones.
En este sentido, profesionales y empresarios de la salud honestos tienen –o deberían tener- intereses concurrentes en sanear el sistema.
El momento económico, además, achica el margen del Estado para solventar el multimillonario déficit de la entidad, y hay que considerar otro factor que no tardará en hacerse sentir: sin recursos para pagar las órdenes de OSEP, los afiliados y sus familias recurrirán a los hospitales públicos y postas para atenderse, cosa que también debe ser solventada por las arcas estatales.
A grandes males, grandes remedios. La crisis general puede ser también una oportunidad para purgar el sistema; llegado el caso y si es necesario, rediseñarlo para evitar fugas.
Nunca se ha intentado un abordaje integral. Hasta ahora solo se dieron acciones sobre transgresiones aisladas. La causa de las “ordenes truchas” en la que fueron procesados ocho médicos se inició en 2013 a partir de una denuncia del Círculo Médico y todavía espera el juicio. No se sabe en cuánto estafaron a la obra social estos galenos, ni siquiera si en efecto la estafaron, mucho menos se puede proceder a los resarcimientos que, inflación mediante, serán irrisorios.
A partir del incidente Gómez, la OSEP podría promover una revisión a fondo de todo el sistema.n