jueves 26 de enero de 2023

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El mirador político

No hay peor cuña que la del mismo palo

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La aceleración impresa al trámite del Presupuesto obedeció a la decisión oficialista de clausurar la discusión parlamentaria hasta nuevo aviso.

No se trata solo de cerrarle a la oposición el escenario central para sus catarsis, que fueron ganando en agresividad y potencia erosiva en la segunda mitad del año. Pesó además la necesidad de comenzar a ordenar la interna de un Frente de Todos en estado deliberativo por la decisión madre: desistir del desacople electoral de marzo y celebrar los comicios provinciales junto con los nacionales, con primarias en agosto y generales en octubre.

La Legislatura, sobre todo la Cámara de Diputados, es arena propicia para las travesuras y el fuego amigo, y se aproxima el tiempo del reparto de espacios.

Si bien el escandalete de la última sesión impide calificar la labor de los diputados oficialistas como impecable, cumplieron con los objetivos de sancionar la ley en la última sesión del período ordinario y salvar al Gobierno de convocar a extraordinarias.

La presidenta de la comisión de Hacienda y Finanzas, María Argerich, gestionó las formalidades a ritmo meteórico, y la titular del cuerpo, Cecilia Guerrero, aplicó el reglamento a rajatabla para restringirle el uso de la palabra a los opositores. El matriarcado es implacable.

A la oposición madrugada no le quedó más remedio que desaforarse. Tiene sus razones. Apresurar el debate y numerear contraviene principios republicanos elementales, pero esta transgresión se hace más ostensible en casos como el del Presupuesto.

Es una ley que demanda análisis concienzudo. Se trata del programa del Gobierno en cifras. De la distribución de partidas surge el orden de prioridades oficial, y por lo general los opositores tienen la posibilidad de negociar algún cambio como contraprestación al consenso.

Pero el oficialismo subordinó la prolijidad a sus necesidades políticas y, como carece de la mayoría calificada, debía contar con dictamen una semana antes del cierre del período ordinario.

A Juntos por el Cambio no le dieron tiempo ni siquiera para elaborar un dictamen de minoría. La recta final se corrió el 30 de noviembre, último día de las ordinarias, en secuencia febril condimentada con la pasión mundialista: media sanción en Diputados, partido Argentina-Polonia, suscripción del Senado por la tarde.

Interna radical

Los bandos emplearán el receso parlamentario para acomodarse de cara al proceso electoral.

Los radicales picaron en punta.

Harán la convención el 16 de este mes y las internas para renovar autoridades partidarias en marzo.

Es una instancia clave, porque de ese litigio, termine en lista única o contienda, surgirá la conducción que sucederá a la presidencia del diputado nacional Francisco Monti, a quien el cargo le cayó por un imponderable: la muerte de Marita Colombo, que dejó a Oscar Castillo sin la figura más consistente para reemplazarlo en el Senado nacional. El deceso lo obligó a otro diseño, que cayó frente al de Monti, Flavio Fama, el PRO y la Coalición Cívica.

La interna debería establecer un nuevo orden de referencias, tras treinta años de orientación por las figuras de Castillo, todavía en funciones pero ante otros emergentes, y Eduardo Brizuela del Moral, fallecido. Y será ese orden el que dirimirá con macristas y lilitos la repartija de candidaturas.

Un frente inesperado

A la larvada interna oficialista, en tanto, le ha aparecido un frente de conflicto inesperado. En el apuro por pausar la discusión legislativa, el oficialismo se autolimitó para tratar de acordar con sus antagonistas una cuestión que entró en escalada beligerante: el recorte del Presupuesto judicial.

La propuesta elevada por la Corte superaba en 40 puntos la pauta de incremento general, establecida por el Gobierno en base al Presupuesto nacional. El desfasaje se debía a que proyectaba aumentos salariales del 90% para el año próximo, cuando el Gobierno los fijó en alrededor del 60.

Esta previsión no anula revisiones posteriores en las paritarias conforme a la evolución inflacionaria, que de hecho han venido haciéndose, pero la Corte quiere tener los fondos garantizados.

El conflicto del Gobierno, de tal manera, no es con la Corte, sino con toda la corporación judicial, que cuenta con resortes para activar mucho más lacerantes que los de la oposición

Si bien formalmente la Legislatura trata tres presupuestos –el del Ejecutivo, el propio y el de la Justicia- la fuente de recursos es una sola. Fijar pautas armónicas resulta, de tal manera, indispensable para ordenar la administración.

Al decidir no convocar a extraordinarias, el Gobierno anonadó su margen de negociación y bajó línea para que la poda se practicara “manu militari” en la Legislatura.

Argerich explicó los motivos: habilitarle a la Corte recursos para que proceda a mejoras salariales 30 puntos superiores a las del resto del sector público equivalía a legitimar una injusticia.

La numereada suprimió la alternativa de sumar el respaldo de la oposición a este argumento. Respaldo conjetural, acaso improbable, pero no hubo tiempo material para siquiera explorarlo.

De tal modo, el Gobierno ha quedado solo en la pelea contra el tribunal máximo de la Provincia, que le ha declarado la guerra presupuestaria.

La guerra del 90%

La Corte enarbola la bandera de la independencia judicial, pero es más adecuado el enfoque de la guerra del 90%. Antes que los pruritos republicanos, es la perspectiva de tamaño aumento salarial lo que le ha permitido cerrar unanimidad corporativa. Tiene el apoyo sin fisuras de la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados y el sindicato judicial, brazo callejero de las togas, que no van a andar rebajándose a batir bombos y soplar vuvuzelas como cualquier guarango piquetero. Ni que fueran Walter Arévalo.

Lo singular es que la guerra del 90% es instigada por un Poder Judicial que, según la oposición, ha sido colonizado por el Gobierno. Los acontecimientos inducen a revisar tal hipótesis o, en todo caso, replantearse la eficacia de las pretensiones colonizadoras.

Seis de los siete miembros de la Corte insumisa fueron designados por el Gobierno peronista, a lo largo de un proceso iniciado por Lucía Corpacci: Miguel Figueroa Vicario, Vilma Molina, Fernanda Rosales, Hernán Martel, Fabiana Gómez y Verónica Saldaño. El peronismo designó además al Procurador, Tristán Lobo. José “Pepe” Cáceres es el último mohicano de la era radical.

El encumbramiento del sexteto que se le retoba demandó al oficialismo sus buenos costos. Todos tienen precedentes políticos y familiares que abonan la idea de la captura facciosa, en sintonía con otros nombramientos en el espinel de los juzgados y fiscalías.

La incorporación del Colegio de Abogados a la ruptura también puede leerse en clave de rebelión.

La conducción actual de la entidad ganó el año pasado con el apoyo del Gobierno, en una elección en la que la contraparte respondía a Juntos por el Cambio. La vicepresidente elegida fue Agustina Crook, que se desempeñaba como directora Parlamentaria en el Senado y ahora es nada menos que jueza Electoral.

“No hay cura que no quiera ser Obispo”: los abogados oficialistas con acceso a dedos influyentes, que son muchos, sueñan con ingresar al Poder Judicial en cualquier cargo, por los emolumentos y la flexibilidad de las condiciones laborales. Los puntos índice son a esta altura premio consuelo en ese universo profesional.

El conflicto del Gobierno, de tal manera, no es con la Corte, sino con toda la corporación judicial, que cuenta con resortes para activar mucho más lacerantes que los de la oposición. Los derrotados de la Cámara de Diputados se relamen.

“No hay peor cuña –ironizan- que la del mismo palo”.

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