Tragedia de la Alcaidía. Ocurrió una siesta del 9 de septiembre del 2011.
Juan Carlos Reyes, Adrián Mansilla, Adriana Galván y Luis Leiva son las cuatro personas que deberán responder en un juicio –que no tiene fecha– por la causa conocida como la Tragedia de la Alcaidía, ocurrida el 9 de septiembre del 2011. Ellos junto a Carlos Leiva –quien falleció– eran policías que prestaban servicio en la Alcaidía de Menores cuando se produjo el incendio que terminó con la vida de los jóvenes Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas, Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16), quienes estaban privados de la libertad de manera irregular.
El 2023 transita los últimos días y es otro año que pasa sin que el juicio oral se concrete. El expediente está en el Juzgado Correccional N° 1. La causa fue elevada a juicio en el 2015. Al menos en seis oportunidades se programó el juicio pero por presentaciones de las defensas, de las querellas y el cambio de fiscal del Juzgado motivó que el debate se fuera aplazando. Sin contar en el medio el parate del grueso de la actividad judicial durante la pandemia por Covid-19. En el 2022 tuvo cuatro suspensiones: en marzo, junio, julio y agosto.
A mediados de este año el expediente fue solicitado por el fuero Civil en donde se sustancia un proceso paralelo, en el que las familias de las víctimas buscan una reparación económica tras más de una década sin obtener respuestas de la justicia penal. En septiembre, cuando se cumplieron doce años de las muertes, el juez correccional N° 1 Marcelo Forner fijó fecha de debate para el 15 de diciembre, pero el debate no pudo realizarse ya que el voluminoso expediente seguía en las oficinas del Juzgado Civil pese a los pedidos –verbales y escritos– que hicieron desde el fuero penal. Con mucho optimismo se espera que en el primer trimestre del 2024 –tras la feria judicial de enero– los cuatro policías estén sentados en el banquillo de los acusados.
La Tragedia de la Alcaidía fue una cachetada para el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral que estaba en plena retirada tras perder las elecciones con Lucía Corpacci, en marzo del 2011. La consecuencia fue la renuncia del subsecretario de Seguridad, Luis Baracat, y de la cúpula policial que era comandada por Francisco “Conejo” Soria.
El deplorable estado de las instalaciones de la Alcaidía y las ilegales condiciones de arresto de los jóvenes pusieron en el ojo de la tormenta al ministro de Gobierno, Javier Silva, y a las juezas de Menores Ana María Nieto e Ilda Ligia Figueroa. Días después del siniestro fatal se conoció que el sistema contra incendios del edificio no estaba funcionando. Por otro lado, la norma indicaba que los adolescentes no podían permanecer más de 48 horas arrestados. Algunos se encontraban alojados desde hacía más de siete días, otros ya llevaban quince días.
Pese a ser imputados por “incumplimiento en los deberes de funcionario público” sus casos no prosperaron. Todos fueron sobreseídos. Silva por prescripción y las juezas por pedido de la fiscalía. Solamente los policías siguieron ligados al proceso y acusados por “homicidio culposo agravado”.
Se termina otro año sin que se concrete el juicio, sin que los deudos de los adolescentes que murieron carbonizados puedan cerrar este triste capítulo ante la indiferencia social que silencia estas muertes prescindibles.
