La absolución de Nicolás Pachelo como imputado en uno de los casos más famosos de la historia criminal reciente en la Argentina –el asesinato de María Marta García Belsunce-, es emblemático del deterioro indefectible de la Justicia argentina. El crimen, al parecer, quedará impune. No hay hipótesis ni línea de investigación qué seguir. El viudo, que fue condenado en un primer juicio, fue luego absuelto. Y el sospechoso que le siguió –Pachelo-, fue exculpado por la inexistencia de pruebas que aseguren su participación en el homicidio.
La muerte de María Marta, ocurrida en 2002, estuvo a punto de pasar como un accidente. Imposible no trazar un paralelismo, versión actual y local, con el crimen del ministro Juan Carlos Rojas. La mujer del barrio cerrado Carmel, en Pilar, fue asesinada de 6 balazos en la cabeza. Sin embargo, la primera pesquisa judicial pretendió cerrar rápidamente el caso asegurando que la víctima se resbaló de la bañera y se golpeó la cabeza. Resulta muy difícil de explicar, y de entender, que se confunda un golpe accidental en la cabeza con seis disparos de arma de fuego. “Rojitas” fue asesinado de un golpe a la cabeza, según lo corroboró la segunda autopsia realizada sobre su cuerpo. Sin embargo, la investigación de su muerte estuvo a punto de cerrarse bajo la carátula “muerte natural”. De hecho, el cuerpo fue entregado a sus familiares antes de que se determinara con precisión la causa real del deceso. Si el dirigente Luis Barrionuevo, con elementos informativos aportados por allegados directos del ministro, no hubiese salido públicamente a instalar la hipótesis del homicidio, quizás todo hubiese quedado en la nada. Lo mismo, tal vez, si la víctima no hubiese sido un funcionario público sino un ciudadano común y corriente.
Con los antecedentes de ambos casos, el de María Marta García Belsunce y el de Juan Carlos Rojas, que tienen algunos puntos de contactos pero también notables diferencias, investigados en una primera instancia deficientemente, es válido interrogarse respecto de cuántos otros casos de muertes violentas habrán pasado como fallecimientos por causas naturales. Solo cavilar acerca de esta situación genera escalofríos.
El desprestigio de la justicia en Argentina tiene muchas otras causas, no relacionadas precisamente con su eficacia investigativa sino más bien con sospechas de parcialidad por contaminación política de las causas, o por direccionar intencionalmente las pesquisas, o incluso por carecer de presupuestos de análisis tan básicos a esta altura como la perspectiva de género o la perspectiva de infancia.
Deterioro tan grave de una institución central de la vida republicana amerita reformas estructurales, cuya implementación sería, además de dificultosa por los intereses políticos que son inherentes al problema, de un trámite engorroso y lento. Al menos el cambio podría comenzar por lo más elemental: profesionalizar la investigación judicial y evitar de esa manera que crímenes horrendos pasen como una descompensación orgánica o como un accidente doméstico.
