domingo 19 de mayo de 2024
Editorial

Los otros desaparecidos

La idea de los desaparecidos se asocia casi espontáneamente a la figura resultante de una de las estrategias de persecución política utilizadas por la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, pero también hay desaparecidos en Democracia, aunque en estos casos las razones son mucho más variadas.

En este año que termina la periodista Adriana Meyer publicó el libro “Desaparecer en Democracia”, en el que reconstruye la historia de 218 desapariciones forzadas ocurridas entre 1983 y la actualidad. Se refiere a situaciones que implican la presunción de violencia ejercida desde el Estado o por bandas delictivas vinculadas, por ejemplo, a la trata o tráfico de personas.

En un tramo del libro, la autora formula una pregunta inquietante: “Si fue posible juzgar y seguir juzgando a represores y genocidas, ¿Por qué aún el Estado no sabe, no quiere o no puede impedir nuevas desapariciones y buscar de manera eficaz a sus desaparecidos?”. Hay muchas y variadas respuestas a ese interrogante, desde la negligencia, y la complicidad en algunos casos hasta la falta de organización y recursos materiales y humanos.

Las 218 desapariciones relatadas en el trabajo de Meyer son un número por cierto acotado respecto del total de personas desaparecidas, es decir, de niños, mujeres y hombres cuyo paradero se desconoce. Las historias que el libro narra son aquellas en las que hay una presunción concreta de violencia en el acto de la desaparición –por eso se habla de forzadas- pero hay muchísimas más en las que las causas no están claras, aunque puede haber también un factor de coacción que se desconoce.

También en Catamarca hay personas desaparecidas sin que siquiera haya pistas de su paradero. Las denuncias que se realizan, según las estadísticas, alcanzaron el año pasado las 197, un número bajo por la vigencia de las restricciones de la pandemia –en 2019 fueron 319-. Es decir que en la última década hubo más de 2.000 denuncias por desaparición de persona. Casi todas luego aparecen, pero hay casos puntuales de los que nunca más se supo el destino que corrieron.

Desde el caso de la desaparición de María Cash, ocurrida hace ya diez años, se empezaron a articular políticas para lograr eficiencia en la búsqueda de las personas. Se creó el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad; y hay una mejor articulación entre nación y provincias y con organismos internacionales con competencia en la materia. Pero persisten deficiencias vinculadas con la investigación de las primeras horas –hay comisarías que aun se niegan a tomar la denuncia de desaparición de una persona en las primeras 24 horas, que son clave para el desarrollo posterior de la pesquisa-; y el entrecruzamiento de información entre jurisdicciones todavía es muy precario.

Aceitar todos estos mecanismos es de una importancia fundamental para hacer foco en los casos más graves y resolverlos, sobre todo aquellos vinculados al robo de niños, la trata de personas o las desapariciones forzosas provocadas incluso por integrantes de las fuerzas de seguridad, como se ha comprobado en muchos casos emblemáticos en las últimas décadas.

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