miércoles 1 de febrero de 2023

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Cara y Cruz

La toxina metropolitana

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La toxina metropolitana no esperó a que se moderen los fervores mundialistas para volver por sus fueros. El año termina con el país envuelto en una escalada del conflicto entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia por un “casus belli” que atañe exclusivamente a los dos distritos de esa región: la transferencia de recursos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires, operada en 2020 a través de un decreto, luego refrendado por el Congreso, para neutralizar una revuelta salarial de la Policía bonaerense.

En respuesta a una cautelar de CABA, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, la Corte ordenó a la Casa Rosada restituir de inmediato solo la parte que corresponde al financiamiento de la Policía porteña. El Gobierno nacional convocó a sus gobernadores para denunciar la sentencia como un despojo unitario y exacerbó la fractura política, mientras se mantiene menos beligerante en el plano jurídico, donde pedirá una revocación y argüirá que no está en condiciones de cumplir sin reacomodar la asignación de recursos vía Congreso.

A los 14 mandatarios que suscribieron la declaración de guerra a la Corte en principio se sumaron ayer otros cuatro, de partidos provinciales, con una posición interesante. Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), también rechazaron la sentencia, pero consideraron que los recursos retraídos a CABA deberían ser repartidos en forma equitativa entre las provincias y no destinado solo a Buenos Aires.

Prefirieron abstenerse de participar del litigio ajeno el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Periotti. Los restantes, de Juntos por el Cambio, se enfilaron por el acatamiento de la sentencia.

La Coalición Cívica de Elisa Carrió hizo punta en la denuncia penal contra Fernández, sus ministros y los gobernadores, por desacatarse ante la Corte. También lo hizo Republicanos Unidos, en una presentación firmada por el legislador porteño Roberto García Moritán, más conocido como “el marido de Pampita”.

Cuatro gobernadores proponen que la plata que se disputan la CABA y Provincia de Buenos Aires se reparta en forma equitativa

El caso es que Mauricio Macri había llevado la coparticipación porteña de 1,4 a 3,75%, Alberto Fernández la bajó a 2,32 y la Corte lo puso en 2,92.

Es mucha plata, pero en cualquier caso gira en la CABA y Buenos Aires. Es un litigio inocuo para el resto de las provincias, salvo que se adoptara el criterio de los cuatro gobernadores que sugieren repartirla.

El agravio al federalismo en el que habría incurrido la Suprema Corte es por consiguiente difuso, sobre todo si se considera que no cundieron tanto los agraviados cuando Macri elevó la tajada de CABA en la torta coparticipable nada menos que en un 167% -2,35 puntos más de los que tenía- en enero de 2016.

Claro que en ese momento Macri recién asumía como presidente y manejaba la lapicera del Tesoro Nacional, tan eficaz para morigerar las pasiones federales en aquel entonces como lo es ahora para encenderlas.

La fractura vuelve a entintarse de discusiones decimonónicas y la Presidencia se apresura a enarbolar la bandera federal.

Sería interesante en este marco conocer la opinión del gobernador Axel Kicillof sobre la idea de distribuir lo que ahora engulle solo entre todos los mandatarios que lo acompañan en la patriada contra Horacio Rodríguez Larreta, quien ha encontrado eco en las terminales de Juntos para el Cambio del interior.

Sería sencillo de hacer, dado el consenso alcanzado para repudiar a los ministros unitarios. Por decreto a refrendar en el Congreso, como hizo en 2020 Fernández para manotearle la coparticipación a la CABA. Solo haría falta un poco de generosidad de la metrópoli con el postergado interior. Y un pacto político que eluda los complejos vericuetos de tribunales.

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