jueves 29 de febrero de 2024
Editorial

La tormenta perfecta

La liberación de precios dispuesta por el gobierno de Javier Milei produjo una disparada de la inflación, pero además tiende a agravar problemas estructurales. Hay casos muy notorios en materia de salud y educación.

La liberación de precios de las empresas de medicina prepaga, que antes estaban regulados y los aumentos debían ser autorizados por el Estado, generó un aumento desmedido de las cuotas. En el primer bimestre del año se dispararán 40% en enero y 26% en febrero. En el acumulado llega al 76% para ambos meses. Esto significa que si en diciembre un afiliado pagaba 100.000 pesos mensuales por el grupo familiar, a principios de marzo deberá abonar 176.000.

Los propios dueños de las empresas prepagas de salud admiten que un incremento tan brusco del precio de las cuotas provocará que un porcentaje de sus afiliados se vean obligados a renunciar, lo que los obligaría a recurrir, para su atención sanitaria, al sistema de salud pública.

Algo similar sucede con la educación privada. La liberación de precios alcanza también a las cuotas de los colegios y universidades privadas, que podrán definir el precio sin ningún tipo de regulación ni control del Estado. Hasta el momento los establecimientos educativos privados no han definido el nuevo valor de las cuotas, pero se estima que las subas, como en el caso de la medicina prepaga, serán superiores a la inflación de los últimos meses y por supuesto mayor que los incrementos de los salarios. Los padres o tutores que no puedan afrontar esos incrementos deberán recurrir, como en el caso de la salud, al sector público, en este caso a las escuelas y universidades dependientes del Estado.

El problema se agrava si se considera que, en el contexto de un programa económico de fuerte ajuste de las cuentas fiscales, se estima un desfinanciamiento de la salud y educación pública para el presente ejercicio. Es una tormenta perfecta: si ya había problemas de financiamiento para la salud y la educación pública, la presión que sobre estos sistemas ejercerá una cantidad todavía indeterminada pero seguramente masiva de personas expulsadas de los subsistemas privados, sumado a los recortes aplicados por el programa económico, podría generar una catástrofe sanitaria y una debacle educativa.

En el caso de la salud, el costo se mide en vidas. Son por lo tanto secuelas irreversibles. En el caso de la educación, las consecuencias son de largo plazo y muy difíciles de revertir.

La buena noticia es que se está a tiempo de prevenir que los subsistemas se vean recargados, generando instancias de diálogo que impidan un incremento desmedido de las cuotas de prepagas y establecimientos educativos privados. Esa regulación, imprescindible, debe ser acompañada por un financiamiento de la educación y la salud pública acorde a la importancia estratégica que revisten para la sociedad.

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