Por Rodrigo Morabito (*).
Hay frases que se repiten como un rezo enojado. Se dicen en la vereda, en la mesa familiar, en ocasiones en algunos medios de comunicación y, sobre todo, en las redes sociales. “Es culpa de la justicia de mierda que tenemos”. “Son los jueces garantistas que liberan delincuentes”. “Entran por una puerta y salen por la otra”. Frases cortas, contundentes, cargadas de bronca. Frases que tranquilizan porque señalan un culpable fácil. Pero frases que, aunque populares, no son verdaderas.
La escena suele ser siempre la misma. Un delito grave, una víctima, un dolor legítimo. Y rápidamente, antes de conocer un expediente o legajo judicial, una prueba o una sentencia, aparece la condena anticipada; la justicia no sirve, los jueces protegen delincuentes, el sistema está deteriorado. Sin embargo, lo que no aparece es la verdad completa.
La justicia penal no es una puerta giratoria. No lo fue nunca. Lo que existe es un proceso. Y un proceso, en una democracia, no es un capricho; es una garantía. Nadie puede ser condenado sin pruebas. Nadie puede estar preso solo porque “alguien dice”. Nadie puede perder su libertad sin un juez que controle, un fiscal que acuse y un defensor que actúe. Eso no es debilidad. Eso es civilización.
Cuando una persona recupera la libertad durante una investigación, no es porque “la justicia lo soltó”. Es porque la ley establece límites a la prisión preventiva. Porque la Constitución prohíbe que la cárcel sea un castigo anticipado. Porque la experiencia histórica -en Argentina y en el mundo- demostró que, sin reglas, el poder punitivo se convierte en abuso. Y a los abusos, siempre, los paga la sociedad.
El mito del “juez garantista” es quizás el más dañino. Se lo usa como insulto, cuando en realidad describe a un juez o jueza que cumple con la ley. Garantizar derechos no es proteger delincuentes. Es proteger a todos. Hoy al imputado y a las víctimas. Mañana, a cualquier ciudadano. Porque las garantías no distinguen personas; funcionan o no funcionan. Y cuando dejan de funcionar, nadie está a salvo.
La justicia penal no es solo un juez o una jueza firmando una sentencia. Es una red enorme y silenciosa de trabajo cotidiano. Empleados judiciales que reciben denuncias, ordenan expedientes, notifican resoluciones. Funcionarios que investigan, auditan, controlan. Fiscales que sostienen acusaciones con pruebas reales, no con titulares de los medios. Defensores que evitan arbitrariedades. Jueces y juezas que deciden bajo presión, con expedientes complejos y consecuencias humanas enormes. Nada de eso entra en una frase viral. Pero todo eso sostiene el sistema.
Decir que “la justicia no hace nada” también es una forma de no mirar otros problemas. La falta de políticas de prevención. El abandono social. Las desigualdades estructurales. La ausencia del Estado antes del delito. La sobrecarga policial. Las cárceles que no resocializan. Es más cómodo culpar a la justicia que exigir soluciones integrales.
La justicia penal no es perfecta. Comete errores, tiene demoras, necesita reformas. Criticarla es legítimo y necesario. Pero destruir su legitimidad con slogans es peligroso. Porque cuando la sociedad deja de confiar en la justicia, empieza a pedir venganza. Y cuando la venganza reemplaza al derecho, lo que se pierde no es solo legalidad; se pierde humanidad.
Una justicia que respeta derechos y garantías no es un obstáculo para la seguridad. Es su condición. No hay seguridad real sin reglas. No hay paz social sin legalidad. No hay democracia sin jueces o juezas independientes ni procesos justos.
Defender la justicia penal no es defender delincuentes. Es defender un límite. Un límite al abuso, al odio, al castigo sin prueba. Es defender la idea básica de que el poder del Estado no puede actuar sin control. Y esa idea, aunque a veces incomode, es la que nos separa del autoritarismo.
Tal vez sea hora de dejar de repetir frases hechas y empezar a discutir con honestidad. Menos gritos, más verdad. Menos mitos, más responsabilidad. Porque la justicia no es el problema. El problema es creer que sin ella estaríamos mejor.
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.
