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Cara y Cruz

La coartada de la Comisión

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7 de marzo de 2022 - 01:10

La condena a cuatro años y medio de prisión impuesta al exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, por haber abusado de seminarista, puso nuevamente la lupa sobre la prescindente conducta del Obispado de Catamarca respecto de las denuncias que pesan sobre tres de sus clérigos, uno de los cuales, Juan de Dios Gutiérrez, fue condenado pero aún está en libertad, mientras se resuelve si la sentencia queda firme.

Cuestionado por el amparo prestado a los curas acusados de ultrajes, el obispo Luis Urbanc creó en enero de 2020 una Comisión de Abusos Sexuales en el seno de la Iglesia catamarqueña.

El instituto no generó entre las víctimas y quienes las respaldaban el entusiasmo que sus promotores esperaban. Demandaba un “salto de fe” excesivamente largo, pues la evidencia empírica acumulada hasta ese momento abonaba la convicción de que la protección a los sacerdotes acusados de ultrajes era dogma.

Si se exceptuaba el blindaje en torno a los sospechosos y alguna manifestación de Urbanc menos dirigida a procurar esclarecimientos que a cuidarles el cuero, la Comisión era de todos modos el primer gesto institucional concreto que asumía la Iglesia de Catamarca sobre el asunto. Desde el estallido del primer caso, en 2014, apilaba tres miembros encartados por abuso, en procesos que eran un catálogo de mañas leguleyas: cronológicamente, Renato Rasguido, el condenado Gutiérrez y Moisés Pachado.

La madre de la adolescente que había denunciado a Gutiérrez, fundadora de la ONG “Latidos sin Pausa”, que integra la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, expresó en ese momento sus reservas.

“Ellos mismos van a estar, van a seguir escondiendo ¿Dónde está la confianza de que se manejen con imparcialidad? Es como para dar un poco de tranquilidad, con tantos casos que hubo. Es como decir ‘bueno, vamos a participar en algo’. Entonces se guardan la posibilidad de manejar todo”, consideró.

La mujer se refirió a un documento elaborado por la Red luego de que el Papa, en mayo de 2019, publicó la Carta Apostólica “de Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’». El documento se había publicado en agosto e incluía un protocolo con recomendaciones tendientes a evitar la manipulación y revictimización de quienes se decidieran a denunciar en sede canónica.

“Las medidas que la Iglesia Católica ha llevado y lleva a cabo para solucionar el problema que representan las víctimas de abuso eclesiástico –señaló la Red- están destinadas a blindar la institución, mantener el sistema de protección de pederastas y evadir el cumplimiento de exhortaciones de organismos internacionales”, mediante “una fina manipulación emocional, cosificando, humillando, aislando a las víctimas de su entorno afectivo”.

La mayor parte de los relatos de las víctimas que acudieron a la Iglesia coincide, añadía, “en que las devoluciones que les hacían afirmaban que estaban atravesando una crisis de fe o de vocación. De este modo aparece otra vez el castigo, el no creerles, el acallarlos, el desdecirlos, el confundirlos».

Era una exacta descripción de la conducta seguida por la Iglesia catamarqueña. La impresión era que la Comisión creada por el Obispo sería otro engranaje en el dispositivo de la impunidad, para tratar de sustraer a los curas abusadores de los procesos judiciales ordinarios.

A tres años de la creación del instituto eclesiástico, tal presunción sigue firme. No se conoce una sola acción que haya surgido de él para contribuir al esclarecimiento de los casos o a la sanción de los sacerdotes procesados. La gestión de la Comisión de Urbanc confirmó las sospechas. Más que una intentona marketinera, una eficaz coartada para los reos de pederastia. n

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