Complicado. Miranda, el policía "justiciero".
La inseguridad pública es creciente y la escalada de estos hechos provocó reacciones irracionales de los damnificados, quienes se sienten vulnerables ante el robo sufrido. También se añade la impotencia que impera ante la ineficacia del Estado como encargado de la prevención y protección de la comunidad.
De ninguna manera se puede justificar que un vecino o un grupo de vecinos atenten contra la integridad del autor o de los autores de un delito. Es comprensible la desazón que rodea a quienes sufren un ilícito y ven cómo la policía es superada por la ola delictiva, sumado a que los resortes del sistema judicial, en gran parte por la burocracia y un funcionamiento artesanal, padecen de un andar tortuguesco.
No obstante no se deben alentar los intentos de linchamiento o de justicia por mano propia contra los presuntos malvivientes. Dentro de la locura colectiva que es escupida a través de las redes sociales hay quienes justifican estas reacciones por el hartazgo social.
En ese sentido, si es reprochable que un civil intente resolver por su cuenta el robo padecido, ¿cómo se puede calificar el accionar de un miembro de la Policía de la Provincia que, portando un arma de fuego, fue a “recuperar” junto a su padre y a un hermano lo que le habían robado días atrás?
No se deben alentar los intentos de justicia por mano propia contra los presuntos malvivientes. Dentro de la locura colectiva que es escupida a través de las redes sociales hay quienes justifican estas reacciones por el hartazgo social
Esto fue lo que ocurrió el viernes 5 de enero en un barrio del sur de la ciudad. Luis Miranda, oficial de la Policía provincial, junto a sus parientes fue en un auto con la intención de recuperar un parlante. Extraoficialmente, adujeron que estaban “hartos” de los robos y de la falta de respuestas de la justicia. Armados, irrumpieron en la vivienda en donde estaba un grupo de jóvenes y lograron recuperar el parlante, no sin antes atacar a culatazos a uno de los presuntos involucrados. Éstos señalaron que lo habían comprado horas antes y que no sabían que era robado.
Lo cierto es que es cuestionable la conducta desplegada por Miranda y su familia, quienes en su afán justiciero terminaron detenidos e imputados. El padre y el hermano fueron excarcelados bajo una caución y seguirán ligados al proceso. Para el policía el panorama es más complejo: la fiscal Gabriela De Marcos pidió que siga detenido. Lo deberá resolver un juez.
En Catamarca hubo dos antecedentes de “justicieros” cuyas consecuencias fueron fatales. El 11 de abril del 2014, Raúl Varela mató de un balazo en la frente a Guillermo Arias (20), un joven que junto a un cómplice habían asaltado su verdulería en el barrio Villa Eumelia. El otro caso fue del 18 de abril del 2017 cuando Gastón Castro (19) había intentado robar en dos autos de una familia. Ángel y Gabriel Ponce salieron a perseguirlo. Gabriel disparó con un rifle de aire comprimido calibre 5.5. La bala le perforó el hígado y le provocó la muerte a Castro.
Dos casos de ladrones asesinados por quienes sufrieron los robos. La consecuencia, idéntica: tanto Varela, como los hermanos Ponce fueron enjuiciados y condenados por homicidio.
La violencia sufrida nunca puede ser pagada con más violencia. Debe ser el Estado, con sus falencias, el responsable de proteger a la comunidad. Hacer justicia por mano propia es un delito y este tipo de conductas no son admisibles como método para dirimir un conflicto en una sociedad que debe avanzar hacia el camino de fortalecer las instituciones democráticas.
