miércoles 22 de mayo de 2024
Editorial

Hacia la liquidación de las universidades públicas

Pese a que era una situación fácil de pronosticar desde hace varios meses, recién ahora la comunidad universitaria empieza a salir de su letargo estival para movilizarse por los problemas que empiezan a sufrir, y que se agravarán notablemente en los próximos meses, a raíz del formidable recorte presupuestario que ejecuta el gobierno nacional sobre la educación superior.

El presupuesto universitario para 2024 es el mismo del año pasado, pero con una inflación interanual superior al 270%. Por más ahorros que se realicen, es obvio que si no hay una ampliación presupuestaria las universidades públicas colapsarán en los próximos meses. Es imposible que funcionen con un tercio de los recursos con los que contaron en 2023.

No solamente los ingresos son mucho menores, sino que además algunos gastos se han incrementado por encima de la inflación promedio. Ya son varias las universidades que han admitido públicamente su imposibilidad de pagar las boletas de la energía eléctrica que llegan en algunos casos con más de un 700% de aumento respecto del año pasado.

Si alguna esperanza había respecto de que Nación flexibilice posiciones y admita una recomposición presupuestaria, aquella se pulverizó luego de la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (que congrega a todos los rectores y rectoras de las universidades), de la que participaron el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel y el director de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Los funcionarios nacionales fueron al choque permanente con la postura de los rectores, docentes y estudiantes presentes en el cónclave. Rectores que participaron del encuentro señalaron que los funcionarios del Ejecutivo nada, o casi nada, respondieron respecto de los pedidos de ampliación presupuestaria, pero sí en cambio volvieron a cuestionar la libertad de cátedra, amenazando a docentes con un conjunto de supuestas denuncias de estudiantes por adoctrinamiento.

La obcecación de los representantes del gobierno nacional provocó un malestar generalizado y un alineamiento unánime de los rectores, que anunciaron un plan de lucha de todos los estamentos de las universidades y que tendrá como hito inicial el 23 de abril, con un paro y movilización en decenas de ciudades de la Argentina.

El ahogo financiero de las universidades provoca un retroceso salarial, inédito en la historia, de los trabajadores docentes y nodocentes, pero también impedirá el propio funcionamiento de las instituciones en poco tiempo. El paro de actividades, sostienen los rectores, no es una medida que preocupe al gobierno libertario, que en definitiva propicia con su intransigencia el deterioro progresivo de la educación superior. Habrá, advierten, que procurar medidas más creativas para sumar adhesiones en la sociedad, que debería comprender el peligro que implica la liquidación de las universidades públicas en un país que parió, hace poco más de un siglo, una reforma que fue fuente de inspiración para el resto de las naciones de la región y muchas del mundo.

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