miércoles 25 de enero de 2023

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Editorial

Garantizar que se cumpla el derecho

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Una polémica se generó hace pocos días en una localidad de Santa Fe, en el marco del acceso a la interrupción legal del embarazo. El caso alerta respecto de la existencia de organizaciones que podrían obstaculizar el cumplimiento de la ley que garantiza el aborto. Además, pone bajo la lupa la filtración de información privada que puede ocurrir desde los propios centros de salud para alertar a grupos conservadores que están en contra del aborto.

El 19 de diciembre, una niña de 12 años, oriunda de la localidad de Garibaldi, a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, fue llevada por su madre a un control médico, durante el cual se descubrió que estaba embarazada. Tras eso, le contó a su mamá que su padre había abusado de ella en reiteradas ocasiones.

La nena expresó su voluntad de ser sometida a la interrupción legal del embarazo, que está contemplada en la ley cuando el embarazo es producto de una violación. Su madre la apoyó en la decisión, por lo cual ambas firmaron un consentimiento en tal sentido. La intervención se realizaría el pasado lunes 2 en el hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, la nena y su mamá no se presentaron, por lo que la Justicia inició una investigación para dar con sus paraderos.

Voceros de esa investigación establecieron que madre e hija habían sido contactadas durante ese fin de semana por integrantes de la asociación civil Grávida, que intentaron convencerla para que no abortara. Luego, la Justicia halló a la nena en una casa de la asociación, de donde la rescató con la fuerza pública para llevarla a un hospital.

Mabel Bianco, reconocida médica feminista, explicó que la organización envió una invitación a la niña y a la madre para que fueran a misa y es allí donde desaparecieron.

“Evidentemente hubo una filtración de información”, señaló en declaraciones a los medios. “Grávida tiene varias casas donde tienen a las niñas mientras esperan para la gestación, porque el objetivo de ellos es que las niñas tengan los hijos”, añadió.

La niña rescatada quedó internada, al resguardo del Estado y acompañada por su mamá y por personal especializado. Por otra parte, tras la denuncia, se ordenó la captura del padre abusador, G.M.A., de 42 años, que tiene antecedentes por violencia de género.

La organización Grávida emitió un comunicado en el que manifestó que hace más de 30 años que ayuda a “embarazadas transitando cualquier tipo de dificultad y a mamás con sus bebés recién nacidos”.

Según la organización, su intervención fue para brindar asistencia. “¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida? Desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando”, dice el comunicado firmado por el Equipo de Coordinación.

La situación de Santa Fe enciende alarmas ante el riesgo que puede implicar la existencia de este tipo de organizaciones dispuestas a impedir el acceso a un derecho. Además, hay que recordar que la misma ley garantiza que cuando los servicios de salud atienden a niñas en situación de violación deben informar sobre todas las posibilidades que existen. De esta manera, la actuación de este tipo de organizaciones roza con la ilegalidad. Es por eso que la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito solicitó no solo que se investigue la obstrucción de un derecho, sino que advirtió podría tratarse de un secuestro.n

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