Atacar el consumoprivado, que es el 70% de las riquezas del país (al igual que en Estados Unidos), significa atacar al motor principal del crecimiento económico. Al mismo tiempo, privilegiar el esquema centrado en la exportación de materias primas fortalece solo a sectores concentrados, que ostentan el 16% de las riquezas producidas en el país, implica, en definitiva, la destrucción de la Argentina que supimos construir. Esto no es solo un avance de la crisis económica, sino de un plansistemático. Durante décadas, con avances y retrocesos, el país sostuvo una estructura apoyada en el mercado interno, la movilidad social ascendente, las pymes industriales y un entramado de seguridad social que amortiguaba las crisis. No fue un modelo perfecto ni estable, pero configuraba un horizonte: trabajar, producir, consumir y progresar.
Hoy ese horizonte está siendo reemplazado por otro.
La crisis económica del gobierno de Javier Milei se enmarca como parte fundamental dentro de un plan sistemático. La promesa del ajuste como única forma de expiación del “desequilibrio fiscal” heredado parte de una premisa distinta: el ajuste no es una transición, es el elemento central en la construcción de otra lógica del Estado y del mercado interno: es el nuevo modelo.
En este contexto, el ajuste no es un mero efecto colateral. Se convierte en su herramienta principal. La caída del salario real, la contracción del consumo y el cierre de empresas —incluso históricas— no aparecen como desvíos, sino como condiciones necesarias para primarizar el perfil productivo del país.
Los datos de importaciones muestran con claridad esa dirección. En 2025 se importaron 8 millones de neumáticos, cuando el consumo interno es de 10 millones. La importación de electrodomésticos creció un 220%, la de maquinaria agrícola un 120%, la de autos un 56%, el calzado un 79%, los textiles un 67% y hasta productos básicos como fideos secos aumentaron un 171%. Incluso se incrementaron las importaciones de productos cárnicos en un 109% y de lácteos en un 95%.
La apertura indiscriminada en una economía en recesión, con crédito escaso y alta carga impositiva, destruye la producción local. Y cuando el mercado interno se debilita al mismo tiempo que se lo expone a esa competencia, la recaudación cae y el ajuste regresa.
El resultado previsible es una mayor primarización de la economía. Se potencian sectores con alta productividad y marcada capacidad exportadora —hidrocarburos, minería, agro— pero con baja capacidad de generar empleo masivo y sostener una clase media diezmada. El saldo exportable aparece como prioridad, en buena medida orientado a pagar la cada vez más creciente deuda externa.
En este contexto, el mercado laboral muestra su fragilidad estructural. Según datos del IPPP, la precarización total, que es la suma de desocupados, asalariados no registrados, cuentapropistas informales, trabajadores familiares y asalariados contratados, es del 50,3%. Es decir, más de la mitad de la población laboral.
El ingreso promedio ronda los 900 mil pesos, muy por debajo de una canasta de pobreza (alimento, servicios, transporte y educación) que supera los 1.360.000. Los asalariados informales perciben alrededor de 553 mil pesos y los cuentapropistas informales apenas 474 mil, ambos por debajo del índice de indigencia. Casi dos millones de personas buscan o tienen más de un trabajo para sostener ingresos mínimos y, por su parte, las mujeres son la población con mayor índice de pluriempleo.
¿Cómo se llega a fin de mes en ese contexto? El 40% de la población recurre a sus ahorros —cuando los tiene—, otros toman créditos y una parte creciente utiliza la tarjeta para comprar alimentos básicos. Es el plan mismo devorando el equilibrio de los trabajadores.
La reducción del Estado es un acompañamiento fatal en este proceso. Durante los dos años de gestión Milei, el gasto en obra pública cayó un 87%. En la discriminación por áreas, Vivienda y Urbanismo se redujo en un 90,4% y las obras de infraestructura más básicas como Agua Potable y Alcantarillado, en un 67,4%. Esto implica menos empleo indirecto, menor capacidad de dinamizar economías regionales, la incapacidad de solucionar problemas críticos de las personas y, en casos más graves, el aislamiento de comunidades enteras.
Sin embargo, mientras el ajuste golpea brutalmente a la clase baja y media, las leyes impulsadas por el Gobierno como la reforma laboral plantean otro panorama. En caso de aprobarse el artículo que modifica el Impuesto a las Ganancias, la reducción del impuesto para grandes empresas implicaría dejar de percibir aproximadamente 3 billones de pesos en el próximo ejercicio, lo equivalente al 0,3% del PBI. La mitad de ese monto es coparticipable: 1,6 billones que dejaríamos de recibir los catamarqueños. La reducción impositiva para esas empresas implicaría una caída brutal del 54% de la recaudación total del Impuesto a las Ganancias. Si los ingresos caen por esa vía, el ajuste vuelve a aparecer por otra.
En ese marco, la transferencia de ingresos desde asalariados y jubilados hacia sectores concentrados no requiere una conspiración explícita. Es la consecuencia lógica de un programa que prioriza estabilidad macroeconómica vía contracción del gasto, liberalización y reducción impositiva para los grandes contribuyentes, aun a costa del tejido social existente.
La pregunta entonces no es si estamos ante una crisis económica, sino ante una definición de país. Este modelo implica un estado proteccionista para los grandes y la ausencia estatal para la mayoría del pueblo argentino, que queda a merced del mercado.
El problema no es solo quién gana y quién pierde hoy. Este es el resultado permanente de la planificación de esta economía. Si el saldo es un país más primario, más concentrado y con menor densidad industrial, la discusión ya no será cómo salir de una crisis aparentemente transitoria, sino cómo reconstruir lo que se decidió destruir.
Y esa reconstrucción, si alguna vez se intenta, no será sencilla.
