Por Rodrigo Morabito (*)
Cada vez que un hecho conmueve, alguien desempolva la frase. Puerta giratoria. La dicen con tono de verdad revelada, como si ahí estuviera la explicación total del delito y de la inseguridad. Como si el problema fuera que la Justicia “los deja salir”. Pero la puerta no gira. La que sí gira —y con eficacia— es la rueda del discurso político que necesita un enemigo simple para justificar más castigo y menos preguntas incómodas.
La llamada “puerta giratoria” funciona como una excusa perfecta para expandir el sistema penal sin discutir nada más. Si el delito aumenta, la respuesta es más prisión. Si la sociedad tiene miedo, la respuesta es endurecer. Si las estadísticas incomodan, la solución es señalar jueces. Y así, el mito habilita reformas regresivas, amplía supuestos de encarcelamiento, flexibiliza garantías y naturaliza la prisión preventiva como regla.
Mientras tanto, las otras violencias —las estructurales— quedan intactas. La desigualdad, el abandono escolar, la marginalidad urbana, el consumo problemático, la falta de oportunidades laborales, la ausencia estatal en los barrios más castigados. Todo eso no entra en el eslogan. No cabe en un zócalo televisivo. No rinde electoralmente.
Pero los números no mienten: las cárceles están superpobladas. El hacinamiento no es una metáfora, es una realidad física. Pabellones desbordados, colchones en el piso, condiciones indignas. Y una proporción altísima de personas privadas de libertad sin condena firme. No porque “la puerta gire”, sino porque la prisión preventiva se utiliza de manera expansiva, muchas veces para dar respuesta inmediata a la demanda social de castigo.
Ese es el dato incómodo: si realmente existiera una puerta giratoria, no habría sobrepoblación carcelaria. No habría miles de personas esperando juicio tras las rejas. No habría una privación de libertad que, en los hechos, funciona como pena anticipada.
La libertad no se limita por capricho. No depende del humor de un juez ni del enojo colectivo. Se restringe bajo reglas legales preestablecidas, con criterios objetivos, cuando existen riesgos procesales concretos. La Constitución es clara: la prisión preventiva es excepcional. La inocencia es la regla. La libertad es el punto de partida.
Sin embargo, el mito empuja en dirección contraria. Instala la idea de que liberar es traicionar, que respetar garantías es debilidad, que la prudencia jurídica es complicidad. Y así, la política encuentra una justificación para endurecer, ampliar figuras penales, restringir excarcelaciones y multiplicar el encierro como si fuera la única política de seguridad posible.
Pero expandir el sistema penal no resuelve las violencias estructurales. Solo las encapsula. Las encierra. Las oculta detrás de muros cada vez más altos.
La “puerta giratoria” no describe una realidad: construye un clima. Un clima que legitima más castigo y menos Estado social. Más prisión y menos prevención. Más espectáculo y menos política pública.
La puerta no gira. Lo que gira es el discurso que necesita simplificar para no hacerse cargo. Y mientras gira ese relato, las cárceles se llenan, la prisión preventiva se naturaliza y la deuda estructural permanece intacta.
Quizás el verdadero coraje no sea cerrar más puertas, sino abrir otras: las de la inclusión, la inversión social, la prevención inteligente. Porque la seguridad no se construye negando derechos, sino garantizándolos. Y no se fortalece ampliando el encierro, sino reduciendo las causas que lo vuelven inevitable.
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.
