La discusión energética en la Argentina suele quedar atrapada en la coyuntura: tarifas, subsidios, cortes, importaciones de gas. Sin embargo, persiste un problema estructural que interpela el modelo de desarrollo. Pese a los avances registrados en la última década, el país está todavía muy lejos de otros Estados de la región en la carrera por la producción de energías renovables, especialmente solar y eólica.
El último Global Electricity Review 2025, elaborado por la organización Ember, consigna que en América Latina y el Caribe el 65% de la electricidad generada procede de fuentes limpias. La cifra no solo es significativa en términos absolutos, sino que supera con amplitud la media mundial, que se ubica en el 41%.
Es cierto que en esa estadística gravita con especial peso la energía hidroeléctrica, históricamente dominante en varios países latinoamericanos y muy por encima de la participación que hoy tienen la solar y la eólica. Pero también es verdad que, aun con esa fortaleza, subsiste una dependencia relevante de los combustibles fósiles que resulta costosa en términos económicos y ambientalmente insostenible.
La comparación regional expone la deuda argentina. Uruguay logró, a partir de una política de Estado sostenida en el tiempo, que el 95% de su matriz eléctrica provenga de fuentes renovables, fundamentalmente a través de la combinación de hidroelectricidad y energía eólica. Brasil, por su parte, multiplicó por cinco su generación eólica en los últimos diez años y casi por siete su generación solar en los últimos cinco, consolidando un liderazgo regional difícil de discutir. Chile avanzó con decisión en la explotación del potencial solar del desierto de Atacama y en el desarrollo eólico, hasta alcanzar un 34% de su generación eléctrica mediante la participación combinada de ambas fuentes.
En Argentina, la generación combinada de energía solar y eólica ha crecido en los últimos años, pero no llega al 15% del total. El dato resulta más preocupante si se lo contrasta con las metas fijadas por la propia legislación nacional. La Ley 27.191, sancionada en 2015, estableció que la participación de las energías renovables debía llegar al 16% en 2021; al 18% en 2023; y al 20% en 2025.
La brecha entre lo planificado y lo efectivamente alcanzado revela déficits de financiamiento, de infraestructura de transporte eléctrico y de continuidad en las políticas públicas. La Argentina dispone de uno de los mejores recursos eólicos del mundo en la Patagonia y de una irradiación solar extraordinaria en el NOA y Cuyo. El potencial está. Lo que falta es una estrategia integral que articule inversión, desarrollo tecnológico local y previsibilidad normativa.
Es necesaria en la Argentina una planificación estratégica de largo plazo para desarrollar de manera decidida la energía eólica y solar, reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles y construir una matriz eléctrica acorde con los desafíos del siglo XXI.
