Ni un hecho de tanta gravedad institucional como el intento de asesinato perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido suficiente para inducir una tregua en los extremos inconciliables de la llamada grieta.
La desmesura se ha apoderado de la retórica política. Cualquier apelación a bajar el tono de los discursos, sostener las aseveraciones con razonamientos plausibles, serenarse o reducir la agresividad de las adjetivaciones es sepultada por un aluvión de desatinos, sancionada incluso como una traición.
La dinámica afianza una escalada nociva: para obtener visibilidad, es necesario superar los dislates precedentes.
No se trata solo de los discursos de odio que los rivales se arrojan mutuamente por la cabeza, mientras se autoproclaman promotores del amor. Todo debe sobreestimarse, todo debe ser extrapolado a escala gigantesca.
El anticristinismo pesa las pruebas contra Cristina en toneladas; en toneladas midió el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro las editoriales adversas a ella.
Cristina es el peronismo, sin peronismo no hay Patria, sostiene el Cuervo Larroque, terminante.
Corrupción o Justicia, distorsiona el fiscal Diego Luciani, como si el Poder Judicial gozara de una credibilidad superior al resto de las instituciones y estuviera acusando con el “Nunca Más” a las juntas genocidas.
No me juzgan a mí, juzgan al peronismo, alega Cristina.
Si la tocan a Cristina qué quilombo se va armar, amenaza La Cámpora.
Yegua, chorra, responden los energúmenos.
Todo, distribuido de inmediato en redes sociales, además de por los medios.
Es el cajón radical quemado por Herminio Iglesias en el cierre de la campaña peronista de 1983 multiplicado a la enésima potencia y desparramado en tiempo real.
La sacralización de Cristina es también indicio de la carencia del sentido de las proporciones. Las adhesiones a su figura alcanzan ribetes místicos.
La esquina de su domicilio en Recoleta, Juncal y Uruguay, se transformó tras la acusación de Luciani en una especie de santuario, punto de condensación de ese sentimiento religioso. El “Ground Zero” de una gran movilización que se preanunciaba con actos dispersos en distitnos puntos de país.
Hasta allí se llegó Fernando André Sabag Montiel, burló los dispositivos de seguridad y gatilló contra ella.
En el tiempo que va de la acusación de Luciani al magnicidio fallido, se desató una polémica entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que había vallado la esquina y el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, que le ordenó retirar el cerco y dejar el cuidado de la Vicepresidenta exclusivamente en manos de la Policía Federal.
Sabag Montiel, personaje estrafalario, al parecer muy perturbado, expuso lo inconducente del litigio.
Es sintomático que a nadie, oficialista, opositor o neutral, se le haya ocurrido sugerir la conveniencia de que Cristina, por su propia seguridad y con el fin de distender la crispación, se trasladara por unos días a otro sitio. Podría incluso haberlo decidido ella misma, sin que nadie se lo reprochara.
Lamentablemente, el tono imperante en la discusión pública hace que sea indispensable aclarar que señalar esta alternativa no implica asignarle responsabilidad alguna en el ataque del que ha sido blanco.
Esta necesidad de aclarar lo que no debería requerir aclaraciones marca lo patológico de la época.
Es contrafáctico, por lo tanto incomprobable, deducir que un atentado de logística tan elemental como el que sufrió hubiera sido de ardua ejecución en, por el ejemplo, El Calafate. Del mismo modo es incomprobable la proyección de que si el asesino hubiera logrado su objetivo el país se habría sumergido en una guerra civil y retornado a 1955, y sin embargo es lo que agitan algunas voces muy autorizadas de lo más panchos, mientras hablan de una proscripción tan imposible que de electoral pasó a moral, para devenir en motivo de la designación de Alberto Fernández como candidato a Presidente.
Lo que se pretende subrayar es que el abominable intento de magnicidio se produjo en un contexto de pasiones desenfrenadas del que nada bueno podía esperarse y que es preciso reorientar el debate por rumbos menos hospitalarios a los exaltados.
El Gobierno desperdició una gran oportunidad de acortar distancias con sus oponentes al no convocar a los opositores al acto de repudio al intento de magnicidio y, en cambio, cargarle la exclusiva responsabilidad por el uso del odio como insumo político, junto a los medios y la Justicia. De tal modo, postula que el impacto del episodio afecta solo al oficialismo y no al país.
Referentes políticos opositores y analistas de la propia prensa marcada como enemiga por el cristinismo vienen señalando, por caso, la fragilidad jurídica de la figura de la asociación ilícita, seleccionada para comprometer a la Vicepresidenta en el expediente Vialidad y advirtiendo que un juicio exige pruebas, mucho más si es de tamaño relieve. También se han pronunciado por dejar de tirar nafta a un fuego que no demanda ya más incentivos.
Tales apelaciones a la cordura naufragaron en un ecosistema signado por exageraciones e improperios que ninguno de los líderes condena. Y el que calla, dicen, otorga, o al menos así prefieren interpretar algunos.
No hacen falta fotos, ni declaraciones de amor impostadas entre personas que se detestan.
Bastaría con convocatorias claras a aflojar un poco, tomar perspectiva y reflexionar sobre las reglas de juego más adecuadas para evitar desmadres de consecuencias imprevisibles, pero seguramente dolorosas. Con dejar de instigar, desde la fría racionalidad política, el totalitarismo de las pasiones.
