domingo 13 de noviembre de 2022

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Cara y Cruz

El oxímoron judicial

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El Tribunal que juzgó a los policías acusados por el crimen de Diego Pachao paga diez años de incompetencia judicial.

La sentencia determinó que el muchacho no murió como consecuencia de los tormentos a los que fue sometido en la comisaría Séptima, cuya existencia confirma. El intento salomónico no conformó a ninguna de las partes, que aguardan los argumentos de los jueces para plantear las apelaciones.

Los elementos que consideraron los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito se conocerán el 18 de este mes, pero no fueron suficientes para relacionar los golpes que recibió Diego de sus según la sentencia, captores, con el colapso que terminó con su vida. No aparecieron en el transcurso del debate pruebas suficientes para configurar las torturas seguidas de muerte, aunque sí las torturas.

El saldo es lamentable: nadie resulta finalmente ser responsable por la muerte, el asesinato continúa por lo tanto impune.

Los defectos del proceso quedaron expuestos el 19 de noviembre del año pasado, cuando la Cámara Penal Nº 2, donde iba a realizarse el juicio oral y público, advirtió que uno de los ocho encartados era menor de edad cuando se perpetró el homicidio, por lo que una parte del proceso debería haberse tramitado en el fuero penal juvenil. El detalle no fue considerado por el juez de Control de Garantías y hubiera precipitado la nulidad de las actuaciones en el propio juicio oral y público o en alguna de las instancias recursivas.

El debate se suspendió y el expediente se desglosó.

Los hermanos Darío Yamil y Lucas Matías Leiva, que supuestamente habían reñido con Pachao horas antes de su detención, fueron absueltos por el “homicidio preterintencional” debido a que el delito había prescripto. Los policías llegaron al juicio acusados solo de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El desdoblamiento de la causa parecía el último eslabón de una cadena procesal que había sacado a los policías de la línea de fuego y cargado las imputaciones más graves sobre los Leiva. El cambio de la acusación a torturas seguidas de muerte alentó expectativas de que el desenlace se revirtiera, pero el Tribunal consideró que solo podían probarse las torturas y la privación ilegítima de la libertad.

¿El caso hubiera seguido el mismo rumbo si la familia de Diego Pachao estuviera mejor ubicada socialmente?

Dos días después de que se difundiera el desglosamiento del expediente Pachao, se informó sobre una sentencia del Juzgado Civil de Primera Instancia de Cuarta Nominación que condenó al Estado provincial a pagar 1,7 millones de pesos a la madre de uno de los cuatro jóvenes muertos en un incendio de la Alcaidía de Menores en 2011. La jueza civil subrayó: “No hay elementos que nos permitan suponer que en un futuro próximo nos encontraremos con un juicio penal”.

1,7 millones de pesos por una de cuatro vidas, casi una década después del trágico deceso. Si eso es lo que al Estado le cuesta su inoperancia y negligencia, ¿para qué solventar un sistema judicial?

Tan cínico interrogante es retórico solo aparentemente. Debe solventarse para dar respuestas a quienes puedan pagarlas y hacer valer sus influencias.

La sentencia del Caso Pachao fue saludada con repudios de los deudos y de la fuerza policial, que se considera agredida.

No sería correcto circunscribir las causas de estas reacciones al hecho. El hecho ahora, como otros antes, fue canal para la catarsis de sentimientos que vienen madurando desde hace años en sectores pobres y pauperizados: indefensión y frustraciones proporcionales a la impunidad que ostentan las franjas más acomodadas de la sociedad y sus proles. Para ellos, llamar Justicia al Poder Judicial es un oxímoron.n

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