Por Eulalias, Comunicadoras Sociales catamarqueñas.
La estigmatización sexual hacia las mujeres sigue operando con fuerza: nos califican como “fáciles”, nos juzgan por vivir solas o no tener pareja "estable" e incluso existen dispositivos de vigilancia social sobre nuestros hijos. Estamos seguras de que ninguna se “salvó” de que tal o cuál dijera que se acostó con ella y era falso.
En comunidades pequeñas, estas dinámicas se intensifican: el hecho de que no haya un "varón pareja" en el hogar se convierte en motivo de sospecha moral, y la reputación de la mujer queda sujeta a relatos ajenos falsos, pero socialmente eficaces.
Esta preocupación por la “reputación” y el control del cuerpo y la conducta de las mujeres no es nueva ni excepcional. Desde la adolescencia, la socialización femenina está atravesada por el control del comportamiento, la sexualidad y la imagen pública. Lo mismo ocurre con la maternidad: las mujeres son evaluadas constantemente, y responsabilizadas individualmente, por no cumplir con estándares sociales, que a su vez son contradictorios e inalcanzables.
Incluso hoy, las mujeres que denuncian violencia, son a menudo desacreditadas y se les dice que “mienten”, “exageran” o son “falsas” porque se animan a denunciar penalmente al varón que le pegó, la acosó, la violó, las violentó.
Las estadísticas disponibles muestran que las denuncias falsas son extremadamente poco frecuentes en el contexto de violencia de género o abuso. A nivel global, las denuncias falsas representan menos del 1% de todos los casos denunciados por violencia machista, según informes de organizaciones internacionales y análisis de series históricas.
En Argentina no existen estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en causas de violencia por razones de género, pero sí se sabe que menos del 3% de todas las denuncias penales terminan catalogadas como falsas o infundadas (y la mayoría de estas no están relacionadas con violencia de género). Además, se estima que solo de 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia de género, por parte de su pareja, busca asistencia o denuncia ante la justicia.
La mayoría de las mujeres que sufre violencia jamás denuncia por miedo, vergüenza, revictimización del sistema o desconfianza en la justicia. Si a esto le sumamos la degradación y desfinanciamiento de políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, el fenómeno se torna más complejo.
Pensemos qué difícil es para las mujeres vulneradas y violentadas que habitan en provincias como Catamarca, donde no existe un abogado/a defensor/a de víctimas. Y, aunque las mujeres violentadas llegasen a denunciar a sus agresores, la mayor parte de las denuncias se archivará.
Según las estadísticas más del 30% de las mujeres asesinadas por violencia machista habían denunciado previamente a su agresor.
Lo que sí está estadísticamente comprobado es que las mujeres para sobrevivir a la violencia deben cuidarse constantemente: de noche, en espacios públicos, en el trabajo y hasta en su manera de vestir, no solo por miedo a ser agredidas sino también por temor a que su experiencia sea deslegitimada o cuestionada cuando deciden denunciar. Esto incluye la presión social del “algo habrán hecho”; si fueron víctimas de violencia, una narrativa que naturaliza y justifica los abusos.
Hay un sector que crece a costa de manipulación y la mentira. Exageran estadísticas para sostener que las “falsas denuncias” son un fenómeno y que constituyen un problema social que merece recibir toda la atención política.
El énfasis desproporcionado en las “falsas denuncias” como problema social suele formar parte de una estrategia discursiva que busca deslegitimar los reclamos por violencia de género, erosionar la confianza en las víctimas y desviar la atención de las desigualdades estructurales. Este discurso es característico de sectores conservadores y antifeministas que promueven la idea de que los derechos de los hombres estarían siendo vulnerados por políticas de género. La evidencia empírica contradictoria o mínima sobre la prevalencia de falsas denuncias se usa como argumento para minimizar el fenómeno real y persistente de violencia contra las mujeres, y para impulsar reformas legales que, en la práctica, pueden desalentar la denuncia y revictimizar aún más a quienes buscan justicia.
En vez de construir políticas basadas en datos y en el reconocimiento de relaciones de poder desiguales, esta narrativa se centra en miedos hipotéticos y cifras infladas, promoviendo así una cultura de desconfianza hacia las víctimas. Esto no solo invisibiliza la violencia estructural que afecta a las mujeres sino que también refuerza estereotipos nocivos que dificultan el acceso a la justicia.
También, se repite el argumento de que, por las supuestas “falsas denuncias”, los varones se suicidan más que las mujeres. Esto es falso y manipulador.
Las estadísticas oficiales muestran que los varones efectivamente tienen tasas de suicidio más altas que las mujeres en casi todo el mundo, pero no existe evidencia alguna que vincule ese fenómeno con denuncias falsas por violencia de género. A nivel global, alrededor del 70% de las muertes por suicidio corresponden a varones, con una relación aproximada de 2 a 3 varones por cada mujer.
Los organismos internacionales coinciden en que esta mayor tasa masculina se explica por factores estructurales y culturales, entre ellos: los mandatos de masculinidad que desalientan la expresión emocional y la búsqueda de ayuda, la presión social para ser proveedores, protectores y autosuficientes, y el uso de métodos más letales en los intentos de suicidio.
Atribuir el suicidio masculino a las denuncias de mujeres no solo carece de sustento empírico, sino que además des-responsabiliza al sistema PATRIARCAL que impone esos mandatos, y desplaza la culpa hacia las víctimas de violencia. Esta operación discursiva invisibiliza los verdaderos determinantes sociales del suicidio y utiliza el sufrimiento masculino como herramienta política para atacar los derechos de las mujeres y desacreditar las denuncias por violencia de género.
Como comunicadoras sociales instamos a la población a chequear los discursos que atacan sin argumentos. Por último, aclarar que a llamada “ideología de género” no existe. Y si se nombra en medios debe ir como concepto encomillado.
Es un rótulo político, no un concepto académico. En ciencias sociales y derechos humanos se habla de perspectiva de género, que no impone identidades ni conductas: describe desigualdades reales y busca explicarlas. Nombrar la violencia, la brecha salarial o la sobrecarga de cuidados no es ideología, es evidencia.
Llamar “ideología” a un enfoque basado en datos es una estrategia para deslegitimar derechos y frenar debates incómodos. Los hechos no adoctrinan. Invisibilizarlos, sí.
