Zijin-Liex. La firma china actúa como si las leyes locales, provinciales y nacionales fueran meras sugerencias
Lo ocurrido en Fiambalá durante la última Nochebuena no puede relativizarse ni reducirse a un “error” circunstancial. El show de fuegos artificiales sonoros realizado por la empresa minera Zijin-Liex, pese a la vigencia de una ordenanza municipal que prohíbe expresamente ese tipo de pirotecnia, vuelve a poner en evidencia, como una conducta reiterada de la firma, su desconocimiento en la práctica de normas que rigen la vida comunitaria.
La prohibición del uso de pirotecnia sonora no es caprichosa. Responde a la necesidad de proteger a personas con trastorno del espectro autista, a niños, adultos mayores y animales, para quienes el estruendo tiene consecuencias concretas y, muchas veces, traumáticas. Las disculpas formuladas posteriormente por la empresa pueden aceptarse desde un plano formal, pero resultan claramente insuficientes. El daño ya estaba hecho cuando el ruido cesó.
El episodio, además, no aparece como un hecho aislado. Se suma a una secuencia de antecedentes que delinean un perfil empresarial preocupante. Zijin-Liex ha demostrado, en más de una ocasión, una alarmante tendencia a actuar como si las leyes locales, provinciales y nacionales fueran meras sugerencias y no obligaciones de cumplimiento estricto. Una suerte de autopercepción de extraterritorialidad, como si el alcance de las normas terminaran donde empieza el predio de su proyecto.
Ese patrón se manifestó con crudeza cuando la firma, en una primera instancia, intentó encubrir a un empleado jerárquico de origen chino acusado de abuso sexual contra una trabajadora local dedicada a tareas de limpieza. Un hecho de extrema gravedad que excede cualquier discusión administrativa y que involucra directamente normas de orden penal y derechos fundamentales.
También se repite el choque en el plano laboral. Reclamos gremiales, cuestionamientos a las condiciones de trabajo y la negativa a aplicar el sistema de roster 14x14 —habitual en otras explotaciones mineras— han derivado en protestas sostenidas. A ello se agregan incumplimientos con empresas contratistas, entre ellas una firma catamarqueña de montaje electromecánico, que estuvo al borde de la quiebra por atrasos injustificables en los pagos, poniendo en riesgo la continuidad laboral de unos 150 trabajadores.
La sensación de impunidad se consolidó aún más cuando, en una oportunidad, la empresa negó el ingreso a inspectores del Ministerio de Minería. Para poder cumplir con su tarea, los funcionarios debieron recurrir a la fuerza pública. El episodio no solo fue grave en sí mismo, sino que reforzó la idea de una compañía que se concibe por encima de los controles del Estado.
En este escenario, resulta imposible eximir de responsabilidad a algunas autoridades provinciales y a la gestión municipal de la exintendenta Roxana Paulón, que han exhibido una tibieza que la empresa interpretó como una carta blanca para el atropello. La falta de firmeza, la tolerancia o la complacencia frente a estas conductas terminan alimentando el problema. Cuando el incumplimiento no tiene consecuencias claras, el mensaje que se transmite es de permisividad.
Todo este accionar incrementa el rechazo de la comunidad local hacia la actividad minera y restringe su licencia social. Una provincia que apuesta al desarrollo minero como motor económico no necesita empresas que acumulen conflictos, desconozcan normas y erosionen la confianza social. Necesita, en cambio, firmas que respeten la ley, que se integren a las comunidades donde operan y que asuman un compromiso real con el trabajo digno y el cuidado del ambiente.
