Ajuste. Con la nueva ley de presupuesto, las escuelas técnicas perderán el fondo específico que las financiaba.
La reciente aprobación del presupuesto nacional 2026 por amplia mayoría consolida una redefinición profunda de prioridades, en la que la educación -y en particular la educación técnica- pasa a ocupar un lugar claramente marginal.
Con la nueva ley de presupuesto, las escuelas técnicas perderán el fondo específico que les aseguraba un financiamiento estable desde hace casi dos décadas. Aquella política, surgida de un amplio consenso y plasmada en una ley, la de Educación Técnico Profesional de 2005, que reconocía el carácter estratégico de este tipo de educación, no será formalmente derogada. Pero su espíritu quedará anulado en la práctica, reemplazado por la discrecionalidad y la incertidumbre, dejando sin efecto la previsibilidad financiera que garantizaba.
Los números son contundentes. El recorte previsto para la educación técnica alcanza el 93% respecto de lo ejecutado en 2023, el 62% en relación con 2024 y el 67% frente a 2025. Son porcentajes que revelan un impacto de tal magnitud que pone en riesgo la continuidad misma de programas esenciales para el funcionamiento del sistema.
En la Argentina funcionan alrededor de 1.700 escuelas secundarias técnicas públicas y más de 1.400 centros de formación profesional, que albergan a casi un millón y medio de estudiantes. Se trata de un entramado educativo que no solo forma técnicos y operarios calificados, sino que cumple un rol decisivo en la inclusión social y en la articulación entre educación y trabajo. La pérdida de estos recursos compromete el sostenimiento de talleres y laboratorios, precisamente donde se forja la mano de obra calificada que el mercado laboral demanda con urgencia.
Catamarca no queda al margen de este escenario. La E.N.E.T. N° 1 “Prof. Vicente García Aguilera”, única escuela secundaria técnica de la provincia que depende administrativa y financieramente de la Nación, ya viene siendo afectada por los recortes al presupuesto universitario. Pero el problema ahora afecta a otros establecimientos educativos técnicos. La nueva ley de presupuesto deja sin respaldo a establecimientos técnicos de gestión provincial que hasta ahora recibían financiamiento nacional para equipamiento, capacitación docente, becas estudiantiles e infraestructura.
Son ocho las escuelas técnicas provinciales alcanzadas por este desfinanciamiento, a las que se suman establecimientos agrotécnicos y agroganaderos, además de cuatro centros de formación profesional. En muchos casos, se trata de instituciones estrechamente vinculadas a las economías regionales, que forman recursos humanos con rápida inserción laboral y aportan valor agregado al entramado productivo local.
Desfinanciar la educación técnica no es una decisión neutra. Implica prescindir de una herramienta central para el desarrollo, renunciar a la formación sistemática de mano de obra calificada y aceptar, como horizonte, una estructura productiva cada vez más primarizada y dependiente. No es casual, entonces, que esta política sea plenamente congruente con el modelo económico inaugurado en diciembre de 2023, que reduce el papel del Estado a su mínima expresión y desconfía de cualquier planificación de mediano y largo plazo, un modelo donde la formación de capital humano técnico parece ser un lujo prescindible frente a la urgencia del déficit cero.
El ajuste en educación, en consecuencia, implica la pérdida de una visión estratégica que durante años permitió sostener a la educación técnica como un pilar del crecimiento y la movilidad social.
