La pirotecnia sonora volvió a hacerse presente en distintos puntos de Catamarca durante la Navidad, pese a la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 2683, que prohíbe el uso, tenencia y comercialización de pirotecnia sonora en la Capital. Videos difundidos en redes sociales mostraron detonaciones en espacios públicos, evidenciando una brecha persistente entre la norma y su cumplimiento práctico.
Esa distancia se manifestó con particular claridad en Fiambalá, donde una empresa minera organizó un show de fuegos artificiales la noche del 24 de diciembre, pese a las restricciones vigentes. La firma Liex S.A. terminó emitiendo un pedido de disculpas públicas tras el rechazo de vecinos y organizaciones locales, aunque el gesto no altera el hecho puntual: el espectáculo se realizó en un contexto donde la presencia de una normativa y la sensibilidad social ante el estruendo son claras. Ese episodio encarna el punto de tensión entre lo que se prohíbe y lo que, en la práctica, persiste.
En paralelo, el sistema de salud aportó un dato que introduce un contrapunto necesario. Desde el Hospital de Niños Eva Perón se confirmó una baja sostenida en las atenciones por quemaduras vinculadas al uso de pirotecnia. La directora asistencial, Patricia Rojas, señaló que durante las celebraciones “solo se asistió un caso leve” sin necesidad de internación, y destacó que desde hace varios años se observa un descenso marcado en este tipo de consultas. El dato es real y merece ser reconocido, pero no alcanza para cerrar el análisis ni para transmitir una sensación de problema resuelto.
Reducir el balance de las fiestas al número de quemados o heridos implica una mirada parcial. La ordenanza no fue concebida solo para evitar lesiones visibles, sino para limitar el impacto del estruendo sobre personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, personas con discapacidad y animales. Ese daño, que no siempre se traduce en una consulta médica, forma parte del costo social de una práctica que persiste, aun cuando los indicadores sanitarios mejoran.
La comparación regional con La Rioja, donde rige una ley provincial que prohíbe el uso y la comercialización de pirotecnia y donde por tercer año consecutivo no se registraron heridos, ofrece un punto de contraste cercano. Allí también hubo incumplimientos, lo que refuerza una conclusión conocida: las normas, por sí solas, no garantizan cambios culturales inmediatos, pero sí marcan un rumbo que requiere controles continuos y decisiones políticas sostenidas.
Catamarca atraviesa una situación ambigua. Hay menos heridos graves, pero sigue habiendo estruendos; hay normas claras, pero su cumplimiento es desigual y a veces contradictorio. En ese desajuste se juega el verdadero desafío: evitar interpretaciones complacientes que confundan mejoras parciales con soluciones definitivas. Mientras la ley conviva con hechos que la desafían sin consecuencias visibles, cada Navidad seguirá repitiendo el mismo interrogante de fondo: ¿Cuánto pesan las normas cuando el ruido, literal y simbólico, todavía logra imponerse?
