El espectáculo en la Cámara de Diputados prefiguró el punto de condensación que la degradación institucional alcanzaría alrededor de la condena de Cristina Kirchner.
El espectáculo en la Cámara de Diputados prefiguró el punto de condensación que la degradación institucional alcanzaría alrededor de la condena de Cristina Kirchner.
El clásico gesto manual de la penetración como registro del sometimiento sexual ofrendado a sus antagonistas por el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, fue retribuido con la adjetivación borgeana “sodomizados por Macri” que el ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade atribuyó al radicalismo. Una acabada síntesis de la complementariedad de la grieta.
Tres días después del edificante plenario, se difundieron los mensajes orales y escritos intercambiados por la plataforma Telegram entre jueces, funcionarios porteños, ejecutivos del Grupo Clarín y espías. El diálogo de los “huemules” giraba en torno a los mecanismos más adecuados para plantar pruebas y manipular una eventual investigación judicial sobre un viaje que habían realizado a la mansión que el magnate Joe Lewis tiene en Lago Escondido, provincia de Río Negro.
El material provenía del “hackeo” del celular del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, miembro de los conjurados. Horacio Verbitsky identificó incluso el sitio donde podían comprarse insumos similares a cambio de moneda virtual. Otra versión, que se puso a correr después, conjetura que en realidad podría haber sido filtrado desde el propio grupo en el marco de internas y pases de facturas entre servicios.
Al día siguiente, Alberto Fernández legitimó la operación por cadena nacional para repudiar al Poder Judicial, parte del cual se aprestaba a dictar sentencia en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz que involucra a su Vicepresidenta. Con proverbial consistencia, se autocelebró por haber desterrado a los servicios de inteligencia de tribunales y terminado con las “escuchas de opositores al poder de turno del Estado”, mientras sustentaba su acometida en escuchas ilegales.
La ferocidad con que los bandos se aferran a sus narrativas neutraliza cualquier disidencia y exacerba la toxicidad de la polarización.
Condena y reacción de Cristina, quien desmenuzó el contenido de la tertulia por Telegram en un video que trasmitió de inmediato por sus redes sociales, más eficaces que cualquier cadena nacional.
Fractura tóxica
La condena por corrupción, inédita, fue festejada como un síntoma de salud republicana por los enemigos y adversarios –que no es lo mismo- de CFK.
Para los kirchneristas y el peronismo, en cambio, es el ápice del “lawfare” ejecutado por los enemigos de la Patria a través de dirigentes, medios y magistrados adictos. Ápice provisorio, suponen, porque esperan más ataques.
La ferocidad con que ambos bandos se aferran a sus narrativas neutraliza cualquier disidencia tendiente a la moderación y exacerba la toxicidad de la polarización.
La intensa secuencia de los acontecimientos que arrancaron de la sesión en Diputados, tramada por las maniobras para capturar escaques en el Consejo de la Magistratura, arroja como saldo un descrédito pronunciado de la política y la Justicia, mayor al volumen de cualquiera de los extremos de la fractura.
La caída del nivel de vida y la pauperización estimulan tanto el derrumbe en la confiabilidad de las instituciones como las prédicas antisistema de personajes cuyo potencial para ganar consenso se subestimó, creyendo que lo erosionarían sus estrafalarios modales.
Sobre este frágil sistema institucional, prospera la tenebrosa gravitación de grupos dedicados al espionaje y “hackers” que tienen en la recolección de mugre su fuente de un poder articulado en el chantaje y la comercialización de sus productos al mejor postor.
El volumen del descrédito de la política y la Justicia es mayor a cualquiera de los extremos de la fractura. Se robustece el feudo de los “hackers”.
La autonomía e influencia de estas pandillas configuran un problema central de la democracia argentina. El alcance de su poder es directamente proporcional a la incompetencia que han demostrado los servicios de inteligencia para resguardar al país de flagelos como el del narcotráfico.
También en torno a Cristina se condensaron las evidencias de tal ineptitud, que es deliberada: el atentado contra su vida fue obra de los rudimentarios “copitos”.
¿Cómo es que el sistema de inteligencia argentino no los detectó? Algunos hasta aparecían por televisión.
Son ostensibles también las dificultades para establecer con alguna credibilidad sus eventuales terminales, cosa que alimenta la furia de las imputaciones mutuas y la difusión de hipótesis grotescas.
Estado fallido
Las excepciones no bastan para revertir el sentimiento de que la sociedad está en libertad condicional por la venalidad o los promiscuos vínculos facciosos de la Justicia.
La política es incapaz de cumplir su función primordial, que es emplear el poder para mejorar las condiciones de vida colectivas. La obscena prosperidad de sus actores, en contrapartida, lubrica la taquilla del apelativo que los desacredita en bloque y sin matices: “la casta”.
Los últimos incidentes exponen brutalmente la condición fallida del Estado argentino, que radica en su impotencia.
Esa impotencia es la que hizo emerger el contenido de los sótanos que Fernández se envanece de haber erradicado. No son sótanos, sino cloacas, en manos de siniestros personajes que administran las deyecciones de políticos, empresarios, dirigentes, celebridades, jueces y fiscales de acuerdo a sus conveniencias.
El usufructuario de tales contenidos de hoy, puede ser la víctima de mañana. Nunca se sabe cuando se pasa del mango al filo del cuchillo, sobre todo cuando al cuchillo no lo maneja uno.
Regodeo en las obscenidades en el Parlamento, jueces embadurnados de promiscuidad, condena inédita por corrupción a una Vicepresidenta en ejercicio.
En la degradación institucional, se robustece el feudo coprofáfico de los “hackers”.