miércoles 25 de enero de 2023

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Cara y Cruz

El dilema del año electoral

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El Gobierno nacional enfrenta este año un dilema de difícil resolución: está obligado a respetar la disciplina fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo, si quiere tener alguna chance electoral, necesita volcar recursos para estirar la reactivación económica al tercer año consecutivo. Y, además, precisa que las jurisdicciones subnacionales alineadas políticamente con la Casa Rosada dispongan de fondos que resultarán imprescindibles para exhibir gestión y para financiar las campañas en provincias y municipios.

Una de las herramientas clave para la transferencias de recursos desde el gobierno federal a provincias y municipios son las que se implementan a través de decisiones discrecionales, y que han utilizado todas las gestiones desde el retorno a la democracia, cualquiera sea el signo político del gobierno. En efecto, los envíos no automáticos, que se diferencian de los automáticos, que se rigen por normas, como el caso de la coparticipación federal, y no por disposiciones arbitrarias, ha sido el modo de implementación más sencillo para dotar de dinero a gobernadores e intendentes amigos.

Pero desde el año pasado el margen de discrecionalidad ha disminuido notablemente como consecuencia de la necesidad de achicar el déficit fiscal, uno de los compromisos asumidos con el organismo multilateral de crédito. Un informe publicado por el sitio regionnortegrande.com.ar, elaborado en base a estadísticas oficiales, señala que durante 2022 los envíos no automáticos del Estado nacional a las 24 provincias fueron, en términos relativos, menores a los de 2021. Alcanzaron los $ 810.538,8 millones, un 31,3% más que el año anterior, pero al descontar la inflación, la caída real es del 21,0%.

Solamente dos provincias pueden exhibir subas reales: Tucumán y Corrientes. La provincia del NOA tuvo un incremento del 22,7% real anual, el más alto de todo el país. Según el informe, el grueso de los fondos fue para financiar directamente el tesoro provincial. En el caso de Corrientes, provincia gobernada por la oposición, el aumento no tiene un sesgo político, pues se explica por la asistencia para combatir los incendios que afectaron a una parte importante del territorio de esa provincia a comienzos del año pasado.

La caída de las transferencias discrecionales en el caso de Catamarca, que recibió el año pasado casi 25.000 millones de pesos, fue superior al 24%, por encima del promedio nacional.

La disminución en términos generales se verifica sobre todo en el segundo semestre, y es coincidente con el arribo de Sergio Massa a la titularidad del Ministerio de Economía luego del descalabro de la economía nacional que siguió a la salida del cargo de Martín Guzmán, y la efímera gestión de Silvina Batakis.

Massa es un funcionario que ha dado ostensibles muestras de prudencia en el manejo de los recursos fiscales, en consonancia con lo acordado con el FMI, pero es también un hombre de la política, consciente de que medidas restrictivas en materia de gastos pueden contribuir a reducir el déficit fiscal y a mejorar la relación con “el mercado”, pero también a enterrar la chances de un frente político cuya imagen se ha deteriorado progresivamente a medida que avanza la gestión.

La resolución del dilema es motivo de debates internos permanentes, entre un kirchnerismo duro que es partidario de volcar recursos para garantizar la extensión de la reactivación económica y para dotar de fondos a gobernadores propios, y un sector que apuesta a continuar con una moderación que, al menos por ahora, ha permitido sofocar el incendio que empezó a gestarse amenazante el invierno pasado.

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