Estado fallido. Las organizaciones sociales ganaron autonomía con el manejo del asistencialismo.
Un sondeo de la AFIP sobre el padrón del programa de asistencia social Potenciar Trabajo determinó que casi el 20% de quienes perciben el beneficio no debería hacerlo por incompatibilidades como la compra de dólares o la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.
Sobre 1.383.279 titulares del programa de asistencia social, 253.184 de ellos (el 18,30%) declararon Bienes Personales”, y 35.398 (el 2,56%) compraron “divisas con fines de ahorro”.
El análisis había sido encargado por el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta. Su sucesora, Victoria Tolosa Paz, corroborará los datos y dará de baja a quienes se encuentren en situación irregular, pero quedó en evidencia la manipulación de los recursos destinados a aliviar las penurias de las legiones de pobres, indigentes y pauperizados a partir de que el Estado delegó la administración de los programas en las organizaciones sociales.
Los indicios de maniobras ilícitas y clientelares vienen acumulándose desde hace años. Es sintomático de su funcionalidad para el sistema político que la investigación haya sido encargada recién cuando las organizaciones sociales entraron en tensión con el kirchnerismo.
La presunción de que existen “cajas negras” de dimensiones desconocidas, financiadas con parte de los programas asistenciales fue afirmándose de tal manera, que varios de los referentes más importantes de estos movimientos sociales pasaron de negar como una anomalía que el aporte que los beneficiarios hacen de un porcentaje de lo que reciben a las arcas de la organización, a aceptarlos cada vez más abiertamente como un mecanismo de financiamiento similar al que solventa a partidos y sindicatos.
Las incompatibilidades en beneficiarios de programas de asistencialismo fueron deliberadamente consentidas
En marzo del año pasado, integrantes del “Movimiento Evita” fueron detenidos con 1,4 millones de pesos distribuidos en sobres con los que se iban a pagar, según dijeron, el transporte de asistentes a un acto para celebrar los ocho años del pontificado del Papa Francisco.
Fernando “Chino” Navarro, funcionario nacional que capitanea la organización junto al también funcionario Emilio Pérsico, aclaró que no era “plata negra”, porque provenía de los aportes de los integrantes de su organización.
Una causa por extorsión se abrió contra dirigentes del Polo Obrero que habían admitido que se quedaban con una contribución voluntaria del 2% de lo que sus miembros reciben del Estado para afrontar gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores.
En julio, en una serie de allanamientos ordenados por la fiscal federal de San Martín Alicia Vence en domicilios vinculados a la Corriente Clasista y Combativa que comanda el diputado nacional Juan Carlos Alderete, se secuestraron más de 7 millones de pesos y 50 mil dólares.
Las incompatibilidades descubiertas se superponen a esas confesiones para confirmar el afianzamiento de una nueva casta solventada con recursos públicos.
Es otra consecuencia del Estado fallido, que abdicó de sus responsabilidades superado por el crecimiento de la marginalidad y la economía informal, que están por encima del 50%, y la falta de respuestas del sistema al flagelo de la exclusión.
Era absurdo suponer que transformaciones de la estructura social tan profundas como las que la Argentina viene experimentando no tendrían correlato en el terreno político. La pobreza es la cantera electoral más voluminosa del país pauperizado.
Se la utilizó electoralmente durante años, haciendo la vista gorda a las irregularidades de los intermediarios, de modo que ahora es hipócrita sorprenderse y alarmarse por las manipulaciones. Todos las conocían pero prefirieron ignorarlas. Lo que demuestran los resultados del simple cruce de información de la AFIP es que mantenerlas ocultas fue una deliberada decisión política.
