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Cara y Cruz

El desvarío de la Corte

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9 de junio de 2022 - 00:30

El proyecto para llevar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia se incorpora a los desvaríos de un oficialismo incapaz de superar su feroz internismo.

El federalismo, sobreactuación del momento, se encuentra en este caso con los rencores de Cristina Kirchner hacia el Poder Judicial que no se le somete para el pergeño: la Corte “federal”, integrada a razón de un juez por provincia y uno del Gobierno nacional.

El espíritu teórico de la iniciativa sería crear una especie de Senado judicial, si bien con una oposición reducida a la insignificancia, dado que la aplastante mayoría de las provincias están gobernadas por peronistas.

Para no desentonar con el razonamiento, la oposición podría contraproponer incorporar un juez de la oposición por distrito. Aunque la composición se elevara a 49 -ya que no se justificaría que el Gobierno nacional tenga dos miembros- el orden democrático exige mantener ciertos equilibrios. Esto, sin embargo, incuba el peligro de una respuesta oficialista de replicar la fórmula 2x 1 ideada para el Senado en el Pacto de Olivos y elevar la cifra a 75, pero no importa: la degradación da para cualquier cosa, incluso podría pensarse en una Corte con representantes también de los municipios. Meta nomás.

La persistencia en este tipo de desatinos ha terminado por naturalizarlos. Con su credibilidad estragada, la dirigencia política no atina más que a autoagredirse. Supone que está en condiciones de continuar traficando mistificaciones sin freno, y después se aflige por el crecimiento de figuras anti-políticas y anti-sistemas. Se sume en discusiones estériles como la que provocó Mauricio Macri atribuyéndole la invención del “populismo” a Hipólito Yrigoyen, con la consiguiente reacción destemplada de los radicales ofendidos. Como si no hubiera cuestiones más importantes que resolver.

En semejante escenario, no hay que ser Nostradamus para pronosticar lo que ocurriría con una Corte de 25 miembros: se convertiría de inmediato en un campo de batalla para ubicar jueces adictos, cualquier conflicto de mediana envergadura se entorpecería por un estado deliberativo permanente, una competencia de imaginativos recursos leguleyos entre magistrados con deudas facciosas que cumplir.

La analogía con el Senado es adecuada. Los senadores representan a las provincias en teoría, pero se enfilan partidariamente, aún en detrimento de los intereses de sus jurisdicciones. No hay ningún motivo para suponer que ocurriría algo diferente en una Corte con miembros designados por los gobiernos provinciales.

En la desmesura, vuelve a manosearse y desvirtuarse el concepto de federalismo, en el marco de una disputa entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires que refleja, en rigor, un litigio del área metropolitana en el que el resto del país no va en nada. Se detonó porque el presidente Alberto Fernández le quitó un punto y pico de la coparticipación a la CABA para transferírselo a la Provincia de Buenos Aires.

En un esquema realmente federal, los gobernadores le tendrían que decir al Presidente que no tienen por qué padecer consecuencias de decisiones tomadas en función de intereses que les son ajenos. No pueden hacerlo porque, justamente, el país dista de ser federal y la mayor parte de las provincias requieren del auxilio de la Casa Rosada para financiar inversiones por encima del pago de sus planillas salariales, y a veces hasta para eso.

Una farsa de cabo a rabo que tiene un sentido mucho más profundo y desolador: el ruido y la furia se exacerban con la pretensión de disimular la impotencia y el fracaso colectivo.

Es improbable que el proyecto prospere, pero las bullas que lo envuelven sirven para impostar épica en un país agobiado por las frustraciones y la desesperanza.

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