Sistemático. El saqueo y robo de infraestaructura energética es permanente, informó la EC SAPEM.
El funesto desenlace que tuvo el robo de un transformador de la EC SAPEM verificó la lozanía de un negocio ilícito contra el que el Poder Judicial catamarqueño no puede, no sabe o no quiere hacer nada: la depredación sistemática de instalaciones energéticas con el propósito de extraerles el cobre.
Es lamentable que deban mediar muertes para alentar alguna expectativa de que los responsables de combatir el delito asuman algún tipo de conciencia sobre la importancia que tienen sus funciones.
El saqueo del transformador ubicado en inmediaciones del puente que conecta la Ruta 33 con la avenida Circunvalación hubiera ido a engordar abstractas estadísticas sin mayores revuelos, de no ser porque uno de los muchachos involucrados en el ilícito falleció fulminado. La EC SAPEM marcó en la denuncia que no ha sido el único ataque en contra de costosos elementos de su infraestructura.
Que la firma haya advertido al público sobre los riesgos que implica manipular artefactos trasmisores de alto y medio voltaje sin la experiencia y los equipos adecuados fue una ironía acaso involuntaria, difícil de advertir debido a lo trágico y doloroso del acontecimiento. Ahí está, sin embargo: EC SAPEM, aunque sea inconscientemente, supone que el eventual temor que pueda infundir en los malhechores la exposición de descargas mortales, surta mayor efecto disuasivo que el negligente accionar de la Justicia.
Aldo Palavecino, vocero de la distribuidora, subrayó en una entrevista concedida ayer a Ancasti Streaming que el botín que puede obtenerse de cada transformador es ínfimo frente al riesgo de vida que toman los ladrones.
"El que roba un transformador apunta a llevarse solamente entre cinco o diez kilos de cobre, que se comercializaen el mercado negro, según entiendo, a un precio de entre $7.000 u $8.000 por kilo. No es más que eso", señaló el funcionario.
Este sensato razonamiento, sin embargo, es aplicable sólo a los primeros eslabones de la cadena delictiva.
Eventualmente alguien puede organizar bandas para saquear instalaciones que, aparte de los transformadores, incluyen cables y acometidas, de modo que los botines acumulados resultan mucho más altos. Jóvenes como el que murió el fin de semana y su hermano son fácilmente reemplazables para este tipo de organizaciones, pero no se tienen noticias de que los pesquisas del Poder Judicial hayan avanzado en investigaciones al respecto.
Si de la existencia de bandas coordinadas para saquear infraestructuras eléctricas, no puede haber dudas de que alguien compra el cobre robado, sea a granel o de a puchos.
¿Cuántos podrían ser en Catamarca? ¿Tan complejo es identificarlos y neutralizar a los reducidores?¿O hay que esperar que las sustracciones afecten a algún personaje encumbrado para que el funcionariato judicial se active?
La ausencia de resultados judiciales en este aspecto es insólita.
Lo impactante de la muerte del joven que manipulaba el transformador derribado en Sumalao reactualiza un tema que emerge cíclicamente en la agenda policial provinciana.
La EC SAPEM señaló que los robos de acometidas y cables subterráneos y aéreos es permanente.
El último incidente ocurrió en enero, también en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 33, a unos 3 kilómetros del Aeropuerto Felipe Varela. Fueron dañados un transformador de 63 kVA de potencia y otro de 40 kVA. Si hay que atenerse a los antecedentes, lo más probable es que la Justicia dé por resuelto este último caso. Uno de los involucrados murió, su hermano fue atrapado porque, desesperado, tuvo que avisar a la Policía.
¿A quién iban a venderle el producto? ¿Actuaban por las suyas o alguien les había encomendado el peligroso trabajo?
Puntas de ovillo más prometedoras se frustraron en la desidia y la inoperancia. Vaya a saberse: capaz que ahora la Justicia se decide a desenredar la madeja. O avanza sobre el cableado oculto.
