Ruidos. Con el bono de $60 mil en dos partes, Massa estimuló fuentes de conflicto en provincias y municipios.
El bono de $60.000 en dos cuotas impuesto por el ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa detonó inconvenientes divergencias en la estructura de un oficialismo que precisa aceitarse al máximo para sostener tono de cara al 22 de octubre. Ocurre que Massa hizo el anuncio al barrer, inmediatamente después de cerrar con el FMI, sin considerar que varias provincias vienen desde hace tiempo aplicando medidas para atenuar el impacto de la inflación en los enflaquecidos bolsillos de sus empleados.
De tal manera, lo que se interpreta en muchos casos como una negativa a pagar el extra es en realidad reticencia de mandatarios e intendentes a superponer nuevos pergeños financieros a los que ya vienen haciendo para evitar que la crisis se les desmadre en sus distritos.
La situación en las distintas provincias es heterogénea. Hay incrementos salariales ya otorgados en paritarias cada vez más frecuentes, cláusulas gatillo que actualizan los emolumentos conforme a la evolución del índice inflacionario, bonos que se están pagando, créditos con tasa subsidiada y otros programas.
Cuando Massa anunció la medida, el gobernador Raúl Jalil se curó en salud y, tras elogiarla, señaló que “el sueldo de los estatales (catamarqueños) es uno de los más altos del norte” y destacó “el plan financiero que la Provincia ya viene ejecutando para hacer frente a la inflación, como los bonos, los aumentos salariales, los programas Días de Ensueño y Precios Más Cerca, pensando siempre en los que menos tienen”.
No obstante, la semana que viene comenzarán las negociaciones con los sindicatos estatales para evaluar la posibilidad de un ajuste en las mejoras. La administración pública local ya viene cobrando un bono de 40.000 pesos con vigencia hasta octubre y está pendiente un 20% de aumento en dos cuotas de 10.
La disposición nacional generó expectativas lógicas entre los eventuales beneficiarios, pero introdujo ruido político en varias administraciones, que se incrementó con la implementación de un bono de $400 mil en cuatro cuotas del gobernador santiagueño Gerardo Zamora.
Los gobernadores peronistas, disciplinados, tragaron el sapo, pero el episodio marca el riesgo de que la falta de articulación política nacional, manifiesta en los mayoritarios desdoblamientos de las elecciones provinciales, contamine la campaña.
Era previsible que la oposición saliera de denunciar el “plan platita”, pero Massa sumó dificultades innecesarias a los caciques territoriales que tienen que traccionarle votos en octubre acechados por la ola libertaria.
El impacto político del bono no fue el esperado porque exhibió fisuras en el armado de Unión por la Patria. En otros tiempos, el respaldo hubiera sido unánime y la réplica del adicional en las provincias inmediata, por coordinación y financiamiento del Tesoro nacional. La situación ahora es muy distinta, devaluación oficial y salto inflacionario mediante y la visión más extendida entre los mandatarios es que Massa pretende hacer demagogia con plata ajena.
Por supuesto, quedan dos meses de campaña para tratar de resolver las disonancias y acomodar los dispositivos, pero la mayor parte de las provincias ya definieron sus elecciones y los gobernadores tratarán de blindarse ante una escalada de la crisis.
Con la irrupción de Javier Milei, las cotas de incertidumbre en la escena nacional treparon a niveles estratosféricos. No son pocos los que empiezan a pensar que lo más conveniente es desensillar hasta que aclare.
El poder se licúa y está en litigio. Si no pueden sacar partido de la situación, los actores van a procurar mantener lo que tienen.
El cuero en juego es el de Massa. Casi todo el resto tiene la continuidad en el buche, para maniobrar ante lo que emerja de la definición electoral.n
