miércoles 23 de noviembre de 2022

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Cara y Cruz

Deuda que empieza a saldarse

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La pandemia elevó a la superficie de la consideración pública una serie de problemas estructurales, existentes desde hace mucho tiempo pero que no merecían la atención preponderante de las autoridades con poder de decisión y financiamiento para resolverlos. La mala o nula conectividad en vastas regiones, que provoca la vulneración de lo que ya es considerado un derecho básico, como el acceso universal a internet, es uno de ellos.

La conectividad para integrar a la mayor cantidad posible de habitantes se logra ampliando la red de fibra óptica. Trabajos de esa envergadura requieren de una inversión importante, inalcanzable para una gestión provincial. En el caso de Catamarca, la obra de instalación de 1.522 kilómetros de la red de fibra óptica se anunció en las postrimerías del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero la llegada al gobierno de Cambiemos paralizó el proyecto.

Cuando las necesidades de comunicación virtual se incrementaron notablemente como consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado en marzo de 2020 por la llegada del nuevo coronavirus, el gobierno de Raúl Jalil anunció que demandaría a la empresa ARSAT –la empresa de telecomunicaciones del Estado argentino- por varios miles de millones de pesos a raíz del incumplimiento. La medida no prosperó porque pronto se iniciaron negociaciones con el actual gobierno nacional, las que finalmente dieron sus frutos.

El acceso a internet no es una novedad o un lujo para pocos como lo era hace un cuarto de siglo. Es, desde hace más de un lustro, un derecho básico

En julio pasado, en un acto que encabezó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del que participó el gobernador Raúl Jalil, se firmó el convenio para que ARSAT extienda su Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en Catamarca. Esta vez, el anuncio se tradujo, al cabo de pocos meses, en obras concretas.

El primer tramo de los trabajos, que comenzó la semana pasada, incluye la extensión de 254 kilómetros de fibra óptica y favorecerá a los departamentos Pomán y Andalgalá. Un segundo tramo se extenderá por el departamento Tinogasta. En total, los catamarqueños beneficiados por el emprendimiento superan los 50.000. Según datos de la REFEFO, en la actualidad Catamarca tiene 764 kilómetros de fibra óptica y 39 localidades conectadas, en las que viven más de 41.000 personas, por lo que las obras duplicarán y más la cantidad de usuarios de internet a través de esta red.

Llevar conectividad a los rincones más alejados del territorio nacional es responsabilidad del Estado argentino, y no un emprendimiento que vaya a acometer el sector privado, porque no hay rentabilidad económica en el corto y mediano plazo. Pero la extensión de la red de fibra óptica no solamente beneficiará a los habitantes que carecen del mencionado derecho básico, sino también a las empresas que desarrollan sus actividades en regiones alejadas de los centros urbanos, lo cual redunda en más empleo y más desarrollo.

Este tipo de proyectos, además de empezar a saldar una deuda histórica del gobierno federal con Catamarca, contribuye a morigerar las enormes asimetrías existentes en el territorio nacional que perjudican de un modo evidente al norte grande argentino y, en menor medida, al sur del país, que cuenta ya desde hace un tiempo con una batería de beneficios de los que no gozan ni el NOA ni el NEA.

El acceso a internet no es una novedad o un lujo para pocos como lo era hace un cuarto de siglo. Es, desde hace más de un lustro, un derecho básico de todos los seres humanos establecido institucionalmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al que adhiere formalmente nuestro país, aunque honrarlo requiera todavía de miles de kilómetros de fibra óptica esparcidos en cada rincón de la Argentina.

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