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SUSCRIBITEEn el marco del diseño del Presupuesto 2024, el Gobierno se ve obligado a reincidir en las tratativas con distintos estamentos que hacen proyecciones de gastos muy por encima de las pautas establecidas a nivel general, fundamentalmente por las perspectivas de incrementos salariales en un contexto inflacionario.
El propio Gobernador debe enredarse en discusiones con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial y el Tribunal de Cuentas, que adoptan criterios de orden sindical para sus cálculos, sin considerar un elemento determinante: ninguno de ellos está condicionado por lo que recauden, de manera que pueden establecer unilateralmente parámetros de incremento de los gastos sin tener en cuenta de dónde saldrá el dinero para cubrirlos. Es un ejercicio de irresponsabilidad administrativa que ha ido paulatinamente naturalizándose y abre paso a una suerte de paritaria interpoderes que obliga a sistemáticos desgastes institucionales.
Es un aspecto que no suele considerarse en la discusión pública. El gasto de la enorme maquinaria del Estado es solventado por un solo bolsillo, que es el del Poder Ejecutivo. A los responsables del resto de los poderes les resulta muy sencillo postular erogaciones desmesuradas para quedar bien con sus empleados para después, cuando las expectativas que generan entre ellos no son cubiertas, cargarle todo el costo político al Gobierno.
Estas pulseadas, cualquiera sea el modo en que se resuelvan, dan lugar luego a enormes disparidades entre los ingresos de los integrantes de los diferentes enclaves estatales, con el consecuente descontento de los muchos que quedan rezagados que, a su vez, se traduce en presión para pasar a los organismos mejor remunerados.
Es una lógica absurda a la que contribuyen las cabezas de los estamentos habilitados legalmente, incluso constitucionalmente, como autónomos y autárquicos, aunque con la enorme ventaja de no tener que contemplar de dónde saldrá el dinero para satisfacer sus eventuales ocurrencias y pretensiones. Simplemente se limitan a pedir para meter al Gobierno en el brete de las negociaciones.
En el caso catamarqueño, las proyecciones presupuestarias están tan estrechamente vinculadas con los ingresos previstos en concepto de coparticipación federal que es imposible desmarcarse de las pautas establecidas a nivel nacional.
Este año, la coordenada a ese nivel se fijó en el 69,5%.
¿Por qué entonces el Poder Legislativo, por ejemplo, presupuestó un aumento de su presupuesto del 250%?
Es más de cuatro veces más de lo que desde Nación se prevé bajar a la provincia, en una distorsión similar, punto más o menos, que el resto de los estamentos que el Gobierno financia.
Es como si los responsables de la administración de cada casillero vivieran en un termo, con un dato que conviene recordar en este momento: en lo que va de la extensa historia de superación de los niveles de gastos previstos, invariablemente, llegado el momento, fueron cubiertos desde la caja madre, que es la gubernamental. Esto es: los precedentes indican que nunca ningún estamento estatal, de cualquiera de los tres poderes, quedó desguarnecido ante el embate inflacionario, aún cuando los desequilibrios y la transgresión al principio, selectivamente aplicado, de “ a igual tarea, igual remuneración”, se prolongue.
Como es obvio, el Poder Ejecutivo entró ahora en otra ronda de diálogos para equilibrar las erogaciones, pues satisfacerlas todas resulta imposible sin retacear recursos a políticas de Estado que trascienden los emolumentos que se fijan unilateralmente las cabezas del resto de los poderes.
Es un trámite que podría evitarse tan solo con un cambio de actitud de quienes bajan la línea política para el diseño de los presupuestos. Bastaría con que indiquen a sus subordinados que se atengan a la pauta del Presupuesto nacional, que es la referencia que toma el Poder Ejecutivo.
