domingo 18 de septiembre de 2022

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Editorial

Ajuste sobre la marcha

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5 de septiembre de 2022 - 01:05

Cuando Argentina y el Fondo Monetario terminaron delineando el acuerdo que finalmente suscribieron a comienzos de este año, aún Rusia no había invadido Ucrania, comenzando una guerra que ya lleva casi seis meses. A partir de ese conflicto, de fuerte repercusión internacional en temas extra bélicos, en el horizonte económico de la Argentina aparecieron nuevos nubarrones, que se sumaron a los preexistentes, comprometiendo la posibilidad del cumplimiento de los compromisos asumidos frente al organismo multilateral de crédito.

La guerra que se libra en el este de Europa provocó un aumento del precio de las materias primas y, particularmente, el de la energía. Argentina, que habitualmente importa combustibles de distintos tipos, gastó este año considerablemente más que en los anteriores, aunque la cantidad de lo adquirido fue menor que, por ejemplo, en 2021. Lo que varió fue el precio. En el primer semestre del año se importaron combustibles y lubricantes por 6.600 millones de dólares, mientras que en todo 2021 se habían comprado bienes por 5.843 millones y en 2019 por 4.446 millones.

El gasto de más en el rubro, que los expertos calculan será en todo 2022 de por lo menos 5.000 millones de dólares respecto del año anterior, y de lo estimado al momento de firmarse el acuerdo con el FMI, provocará un déficit mayor al calculado, lo que obliga a realizar recortes presupuestarios para cumplir con las metas convenidas, que establecen, entre otras cosas, que el déficit fiscal para este año no puede superar el 2,5 por ciento del PBI.

El arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía con superpoderes y superestructura tuvo como propósito prioritario amansar las turbulencias que sacudieron la economía durante julio, exhibiendo señales claras y concretas de que se cumplirá el acuerdo. Ello implica una reducción del gasto público para el segundo semestre. La tarea comenzó con la segmentación de tarifas, que provocará, por la quita de subsidios de electricidad y gas a las familias con mayores ingresos, un ahorro fiscal de $47.500 millones en 2022.

Este ahorro es insuficiente, de modo que Massa empezó a implementar recortes y reasignaciones presupuestarias, reeditando un clásico argentino. La clave de este tipo de “ajustes”, expresión que justificadamente tiene una connotación negativa porque suele afectar áreas sensibles, es lograr ahorros sin que impacten negativamente en los sectores vulnerables y provoquen un freno a la actividad económica.

El ajuste presupuestario realizado por Economía para el resto del año totaliza 128 mil millones de pesos y, el área más perjudicada será el Ministerio de Desarrollo Productivo. No habrá, en estas quitas, una afectación del gasto social, lo cual sería muy grave con niveles de pobreza que se mantienen en torno al 40% de la población desde 2019, pero podría repercutir negativamente en la recuperación económica que se observa desde el año pasado.

Este “ajuste sobre la marcha” no debería suceder el año que viene. La distribución de las partidas, que deberá plasmarse en el proyecto de presupuesto 2023, debe contemplar la nueva realidad internacional y por sobre todas las cosas un ahorro de los gastos superfluos, los que no tienen impacto real en lo social ni en el nivel de la actividad económica. Ese es el desafío del oficialismo. El de la oposición es hacer aportes y convalidar un presupuesto consensuado para dotar de mayor certeza política al rumbo económico.n

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