Desde que se llevan estadísticas precisas, el denominado canal de la muerte se cobró la vida de 26 personas. Casi una por año. Toda muerte trágica causa un enorme dolor, pero más aún si la víctima es un niño de corta edad. Y la gran mayoría de las personas fallecidas son pequeños que vivían en casas contiguas al curso de agua.
Las muertes tienen un componente accidental, pero otro que no lo es. La caída de un pequeño al canal es una contingencia que en ocasiones no puede prevenirse. Pero también es cierto que hay un contexto que posibilita que el episodio suceda. Y por eso son hechos recurrentes. Es el Estado, el provincial pero también el de los municipios por donde el canal pasa hasta su destino en Capayán, el que debe hacerse responsable de generar acciones para evitar que el componente no accidental siga existiendo.
Desde que el canal fue construido en el marco de una obra más amplia de aprovechamiento hídrico para el desarrollo de la producción agropecuaria, hay reclamos de los vecinos de los departamentos Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capital para que se tape y evite que siga convirtiéndose en una trampa mortal. Las quejas van creciendo a medida que se van urbanizando los sectores aledaños, proceso que se ha afianzado de manera notable en las últimas décadas. Pero desde el año 2017 el tema tiene una mayor repercusión institucional a partir de un fallo del Juzgado en lo Civil y Comercial en Primera Instancia, que se pronunció para que la Municipalidad de Valle Viejo y el Gobierno de la Provincia realicen las obras –de manera conjunta– de tapado y vallado del canal en los tramos que corresponden a esas jurisdicciones. Se trató de una recomendación, pero debería haberse acatado a los fines de evitar nuevos casos de accidentes, que no lo son tanto.
La resolución judicial fue una consecuencia de otro hecho trágico, ocurrido hace más de un lustro: la muerte del niño de seis años Nahuel Montalván. En esa oportunidad, la Justicia responsabilizó al municipio de Valle Viejo y a la Provincia por el fatal desenlace. También hizo lugar al pago de la indemnización solicitada por la familia de la víctima, constituyéndose en un antecedente que, sin embargo, fue desoído respecto de la exhortación formulada.
El canal de la muerte aparece como tema cuando ocurre un hecho trágico, pero también en tiempos de campañas electorales. Tapar el canal, o colocar zarandas que impidan el acceso de las personas, en particular los más chicos, es inevitablemente promesa de campaña de oficialistas y opositores cada vez que hablan con los vecinos que habitan viviendas lindantes con el curso de agua. Pero poco y nada se ha hecho en el último cuarto de siglo para prevenir episodios como el sucedido el pasado jueves. Lo dijo con particular crudeza un tío del bebé fallecido el jueves: “Acá han venido, han prometido que iban a tapar, que iban a poner zarandas. Nunca han puesto nada, nunca han hecho nada. Hasta el día de la fecha, todos los que han estado en la intendencia, no han aparecido. Y siguen pasando cosas de estas”.
Tal vez este nuevo hecho doloroso sea motivador para sacar a los responsables institucionales del letargo que mantienen respecto del tema, omitiendo impulsar las acciones necesarias para evitar las tragedias recurrentes. No podrán argüir limitaciones de índole económicas, primero porque las obras imprescindibles no han de ser tan onerosas, priorizando en el primer tramo de los trabajos las zonas con mayores riesgos, como para que no puedan financiarse a través del presupuesto provincial y con la mano de obra municipal, por ejemplo. Y segundo porque, de más está decirlo, la preservación de la vida de las personas no puede estar supeditada a la disponibilidad de fondos en las arcas estatales.
