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SUSCRIBITELa diputada nacional de Juntos por el Cambio Estela Regidor (Corrientes) se vio obligada a pedir licencia "sin goce de sueldo"una vez que estalló el escándalo que la involucra: circulan audios es las que aparece pidiéndoles a sus asesores la mitad de sus haberes.
La legisladora aclaró que ese descuento compulsivo no tenía como propósito que ella se quedara con el dinero, sino que la recaudación se destinara a ayudar a personas necesitadas.
Algo similar sucedió en Catamarca con otra legisladora del mismo sector, específicamente del Pro, Natalia Saseta. En este caso, con denuncia judicial incluida, al punto que la joven diputada local debe enfrentar un pedido de desafuero para que el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros, pueda realizar la investigación por el delito que se le endilga a la legisladora, retención de haberes de un exempleado suyo.
Según Gustavo Gabriel Acosta, Saseta le exigía, mientras trabajó con ella en la cámara baja provincial, que le entregue parte de su sueldo (aproximadamente un tercio, pues presuntamente le retenía 10.000 pesos de los 31.000 que cobraba). La exigencia de la diputada nacional correntina era mayor, en porcentaje y en monto, pues aparentemente les pedía un aporte de 40.000 pesos sobre un sueldo de 80.000.
La Justicia deberá determinar si ambas legisladoras cometieron delito o no. Pero la retención de haberes de empleados nombrados como planta transitoria política, tanto en ámbitos legislativos como de los ejecutivos, es más común de lo que parece.
Es cierto, lo que impactan en las dos situaciones narradas es el alto porcentaje de las supuestas retenciones. Pero hay y las hubo siempre, incluso formalizadas en los recibos de sueldo aunque no consentidas explícitamente por los empleados o funcionarios, en carácter, por ejemplo, de aporte partidario. Y eso sucede aunque el perjudicado no esté afiliado a ningún partido político y la que gobierne sea una colación de partidos, de modo que no queda claro por qué esa suma mensual se la debe llevar una fuerza en particular.
En estos casos, como se trata de descuentos "en blanco", no importa si consentidos o no explícitamente, al menos se informa el destino de los fondos: al partido político. Después cada partido deberá auditar si los recursos fueron bien empleados o no, e incluso si llegaron o no.
Pero si se trata de descuentos "en negro", como los que supuestamente involucran a las dos diputadas mencionadas más arriba, a dónde va a parar ese dinero es un misterio. El argumento de que va para asistir a familias necesitadas, como el esgrimido por Estela Regidor, puede ponerse en duda porque difícilmente quede asentado en algún lado. Pero además, así fuera cierto, no es éticamente correcto si tales descuentos son el resultado de coacción. Es decir, no son aportados voluntariamente por sus asesores.
Estas prácticas, naturalizadas en el ámbito de la política, provocan sin embargo indignación un tanto forzada cuando se descubren casos porque los que padecen descuentos no consentidos se rebelan y difunden audios o, ya sin el conchabo, denuncian la maniobra. Maniobras que, aunque ilegal y además éticamente reprobables, son harto conocidas.
