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SUSCRIBITEEl pasado jueves se dio en la Cámara de Diputados de la Nación un paso importante para lograr que de una vez por todas la ciencia sea considerada una política de Estado en la Argentina. Es que para que eso suceda un requisito mínimo es que tenga un financiamiento asegurado y acorde a las necesidades del sector.
Lo que hicieron los legisladores de la cámara baja fue darle media sanción a la ley de financiamiento para el sector científico y tecnológico. Y la iniciativa pasa ahora para su tratamiento en el Senado de la Nación, donde su aprobación tiene pronóstico favorable porque hay coincidencias entre oficialismo y oposición para que prospere. De hecho, el texto de la iniciativa es la unificación de dos proyectos similares, uno presentado por la diputada Claudia Bernazza (Frente de Todos) y otro por José Luis Riccardo (UCR).
Lo que básicamente propone la futura ley es declarar de interés nacional el “Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación” en la Argentina, y un aumento del presupuesto de manera escalonada hasta 2032.
Durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, el presupuesto nacional para el área de ciencia sufrió importantes recortes. Mientras en 2015 representaba el 0,35 por ciento del Producto Bruto Interno, en 2019 llegaba apenas al 0,25 por ciento. El proyecto que deberá ahora tratar el Senado de la Nación propone llegar al 0,9 por ciento en el año 2030 y al 1 por ciento en 2032. En cifras esa progresión presupuestaria indica que actualmente se invertirán aproximadamente 1.000 millones de dólares en el sector, mientras que dentro de 11 años la inversión se cuadriplicaría hasta llegar a los 4.000 millones de dólares.
Se trata de porcentajes importantes si se lo compara con lo que invierten los países más avanzados en la investigación científica. Estados Unidos, por ejemplo, destina el 0,7 por ciento de su PBI, e Israel, por su parte, el 0,5 por ciento.
La futura ley, que incluye además perspectiva de género, establece que los fondos se apliquen para federalizar el sistema científico, incrementar la infraestructura y equipamiento, generar nuevos empleos de calidad y promover la formación de profesionales.
La garantía del financiamiento estatal para la ciencia en la próxima década adquiere particular relevancia porque, a diferencia de los países más desarrollados, donde las empresas privadas suelen aportar cuantiosos fondos para investigación, en Argentina el 80 por ciento del financiamiento proviene del sector público.
Por cierto, asegurar el financiamiento no convierte automáticamente a la ciencia en política de Estado, aunque es sin dudas el prerrequisito básico. Se requiere, además, de un uso eficiente de los recursos, que solo se logrará a través de la elaboración de un programa estratégico que fije prioridades de acuerdo con el modelo de país que los actores gubernamentales y privados definan. n
