Degradada la legitimidad del Poder Judicial para definir en el campo jurídico conflictos entre versiones antagónicas de los hechos, se afianza la transformación de indagatorias y testimoniales en engranajes épicos de la narrativa política.
Igual que Cristina Kirchner cada vez que le tocó cumplir compromisos judiciales, Mauricio Macri se hizo acompañar por sus adherentes para declarar en la causa por espiar a los deudos de la tripulación del ARA San Juan que lleva el juez Martín Bava. El trámite de la indagatoria, indispensable para el procesamiento, debió suspenderse porque Bava no había solicitado al presidente Alberto Fernández que relevara a Macri del “secreto de inteligencia”, omisión curiosa si se considera que el expediente gira en torno, justamente, al intrincado universo de la inteligencia, sobre cuyos detalles sería lógico y deseable que el que el juez estuviera embebido.
El inconveniente formal fue salvado de inmediato, pero la precariedad profesional de Bava le sirvió a Macri, que declarará el miércoles, para insistir con que es víctima de una persecución, otro de los elementos que emparenta su estrategia con la de Cristina a pesar de las diferencias ideológicas.
Cada vez más alienados de la tragedia social y económica argentina, los extremos de la fractura se acusan mutuamente de colonizar la Justicia y utilizarla como ariete. Aunque esta prédica demolió su prestigio, el Poder Judicial no puede alegar inocencia porque la ha consentido prestándose al manoseo, o tolerándolo en el mejor de los casos.
En la dinámica del deterioro, la idoneidad cedió como requisito frente a la sumisión o la complicidad facciosa. No es nuevo, pero nunca antes hubo evidencias tan ostensibles de descomposición sistémica. El error de Bava no tendría tanto impacto si no se inscribiera en una escena tramada por la manipulación.
La Justicia se ha despojado de poder para autopreservarse.
Pronunciamiento
Del Caso Morales en adelante, Catamarca no ha sido ajena a la controversia. Puede arrogarse incluso el mérito de la prelación histórica: los ’90 catuchos prefiguraron el espectáculo nacional en curso.
Surgieron en los últimos años nuevas aristas del fenómeno.
Hace dos semanas, La Asociación de Magistrados creyó necesario recordar que la independencia del Poder Judicial goza de amparo constitucional, después de que una fiscal inició de oficio una investigación por un incidente protagonizado por deudos de Brenda Micaela Gordillo en la Corte de Justicia, donde se dirime la casación a la condena por femicidio a Nahim Vera, que la asesinó e incineró su cadáver.
Es la primera vez que la Asociación de Magistrados se refiere a las movilizaciones populares frente a tribunales, que se han naturalizado en un ejercicio de años a tal punto que pueden ya ser consideradas una insumo más del procedimiento jurídico, instrumento de las partes para presionar sobre el criterio de jueces y fiscales ajeno a los códigos de rito y por tanto exento de regulaciones.
Sería necio negar la gravitación que este tipo de manifestaciones puede llegar a tener como mecanismo de orientación y control social sobre la Justicia, pero desvincular de la movilización social avances como podría ser, precisamente, la tipificación del femicidio, es tan parcial como asignarles validez universal. Esto, independientemente del dolor quienes sufren pérdidas tan tremendas como la de una hija.
Absoluta anormalidad
El caso del brutal femicidio de Brenda es un ejemplo concreto de cómo puede desvirtuarse el derecho a reclamar justicia.
En relación con los parámetros del quelónico desempeño del Poder Judicial catamarqueño, el expediente se ha tramitado con absoluta anormalidad: rápido.
El crimen se produjo el 1 de marzo de 2020 y la Cámara Penal Nº 1 condenó a Vera a prisión perpetua por “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio” en mayo pasado. 14 meses, un récord sin precedentes.
Contribuyó a la vertiginosa velocidad del fallo que el femicida, que en un primer momento pretendió hacer desaparecer el cadáver por vía de incineración, se entregó acompañado por su padre a pocas horas del hecho, y que su familia se abstuvo de interponer obstáculos a la investigación.
No obstante, la familia Vera fue blanco de hostigamientos durante todo el proceso con la excusa, carente de sustento, de que estaba protegida por el “poder” porque pertenecía a la “alta sociedad”. Ninguna conducta de los familiares del reo habilitaba tampoco suponer que trataba de eludir la condena.
Es decir: se reclamaba una Justicia que nadie negaba; por el contrario, todo indicaba que la intención era procurarla con la celeridad.
Los días previos a la previsible condena estuvieron signados por la tensión. Hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Tras la condena, la defensa de Vera casó la sentencia por considerar que no existía relación de pareja entre Vera y Brenda, y no corresponde aplicarle el agravante de femicidio.
Hay una diferencia de interpretación entre el defensor y el tribunal que la Corte debe salvar. El trámite se está cumpliendo, los representantes legales de los deudos de Brenda participan de él, el femicida está preso. No hay motivos para manifestaciones ni reclamos.
Lo que puede descontarse es que, si el criterio de la Corte no coincide con el de los deudos, sus miembros, o los que eventualmente se pronuncien en disidencia, serán execrados y desacreditados moralmente por los movilizados.
Silencio
La Asociación de Magistrados se pronuncia luego de un incidente puntual, sin hacerse cargo de que legitimó escraches, condenas y presiones populares sobre sus asociados con años de silencio. Otras instituciones, como el Colegio de Abogados, se abstienen de meterse en problemas.
No se trata de reprimir, sino de participar de una discusión que concierne directamente a la prestación del servicio de justicia, sobre un hábito que podría vulnerar el derecho de defensa. Son pocos los que se atreven a darla, vaya a saberse por qué, pero no estará de más recordar un antecedente, para prevenirse de proyecciones indeseables.
En 2018, la asociación Familiares y Amigos de las Víctimas de Accidentes de Tránsito quedó envuelta en un escándalo cuando se descubrió que su presidente y fundador, Julio Sánchez Reynoso, había chantajeado al padre de Elián Kotler, que estaba procesado por homicidio culposo.
Sánchez Reynoso carecía de atribuciones para negociar en el caso. Lo que ofrecía, de acuerdo con los audios que se difundieron, era su influencia para movilizar o frenar a FAVIATCA y su potencia para presionar sobre la Justicia. Un “lobbista” de la desgracia, que desarrolló su actividad durante bastante tiempo sin que la corporación judicial y los estamentos ligados al ejercicio del derecho dijeran nada.
El que calla, dicen, otorga.
