Entre la batería de medidas decididas por el gobierno nacional luego de las PASO del 12 de septiembre, está la de la jubilación anticipada para personas que cuentan con los 30 años de aportes requeridos por ley, que les faltan cinco años o menos para alcanzar los límites de edad y que se encontraban desocupadas al 30 de junio de 2021.
La calidad de la medida depende del sector que la analice y también de la orientación ideológica del analista. Para el oficialismo se trata de un acto de justicia que beneficia a miles de personas mujeres y hombres, que trabajaron durante muchísimos años, que realizaron los aportes contemplados por la ley pero que no tienen aun la edad requerida: 60 en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres. Y como están desocupados, no tienen ingresos. La jubilación anticipada es permite acceder a los haberes jubilatorios con un ingreso equivalente al 80% del haber que les correspondería al momento de cumplir con la edad jubilatoria. Una vez alcanzada dicha edad, pasarán a cobrar el 100% del haber.
Para los que son partidarios de un manejo de la economía que prioriza la reducción al máximo posible de los gastos del Estado, la medida, aunque en realidad beneficia a un número bastante acotado de personas, pone en riesgo el propio sistema previsional, pues aumenta las erogaciones sin que haya un incremento paralelo de los aportes jubilatorios.
Ambas miradas deberían complementarse. El Estado no puede permanecer indiferente ante la grave situación de aquellas personas desocupadas, que cumplieron con los aportes durante muchos años y que ahora tienen dificultades para conseguir su sustento, no solamente porque la economía recién se está recuperando luego de las fuertes crisis de 2018 y 2019 y la ocasionada por la pandemia desde marzo del año pasado (entre 2018 y 2021 se perdieron casi 450.000 empleos, sino también porque son personas de una edad en la que el acceso al trabajo es aun mucho más difícil. Pero es menester, también, que se cuide el equilibrio de las cuentas del sistema previsional para que sea sustentable.
Ayudaría a incrementar los ingresos al sistema que haya cada vez más aportantes. Esto requiere la creación de puestos de trabajos, pero que sean en blanco y fundamentalmente en la actividad privada. Durante la crisis de los últimos cuatro años se han perdido numerosos puestos de trabajo, y muchos de los que se conservan están en lo que se denomina el mercado laboral informal. Es decir, corresponden a trabajadores que están, como se dice comúnmente, “en negro”. Según datos del Ministerio de Trabajo, la cantidad de trabajadores registrados del sector privado se encuentra actualmente en niveles similares a los de 2011, y alcanza a casi 4 de cada 10.
La conclusión es clara: las medidas de justicia social, como la jubilación anticipada de personas que aportaron 30 años, requieren de una estrategia de crecimiento de empleo genuino y de políticas eficaces que eviten el trabajo no registrado. De con cumplirse estos presupuestos, hay riesgos ciertos de complicar en demasía las cuentas del sistema previsional argentino.
