EDITORIAL

Resabios conservadores

jueves, 21 de mayo de 2020 · 01:00

El tratamiento de la adhesión a la Ley Micaela ha avivado las posiciones más retrógradas en Tucumán. La del legislador Ricardo Bussi es la más extrema de todas, pero no la única. El hijo del genocida Antonio Bussi dijo no conocer casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer, desconociendo la existencia de femicidios, delito ya incorporado al Código Penal, y acaba de ser denunciado en el INADI. Pero hay otras posiciones, incluso dentro del oficialismo de esa provincia gobernada por el justicialismo, que hasta ahora han bloqueado la aprobación del proyecto.

La ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499), conocida como Ley Micaela en honor a Micaela García, víctima de femicidio en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, fue aprobada en 2018 y ha sido ratificada por todas las provincias, menos por Tucumán.

Todo indica que la ley de adhesión se aprobará hoy, pero no será el proyecto presentado originalmente, que fijaba como autoridad de aplicación a la Secretaría de la Mujer, sino uno nuevo que establece que esa responsabilidad recaerá en las cabezas de cada poder del Estado.

El problema con esta modificación es que, en el caso de la Legislatura tucumana, por ejemplo, el encargado de la aplicación será el vicegobernador Osvaldo Jaldo, un militante del sector autodenominado “pro-vida” que hace unos días, en una reunión de carácter religiosa, evidenció su oposición a la ley, a la que acusó de promover una supuesta “ideología de género”, y que ha mantenido una postura coherente de rechazo a la ampliación de derechos de las mujeres y los colectivos LGBT+.

Tucumán es una provincia en donde algunos derechos, que tienen sustento legal, no se respetan debidamente por presiones de grupos ultraconservadores. Declarada “provincia pro-vida” hace poco más de un año, el Ministerio de Salud Pública obligó a parir a una chica de 11 años violada por la pareja de su abuela. Lo hizo luego de que las autoridades demoraran, a propósito y sin justificativo, el pedido de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) solicitado por la menor y su familia, pese a que es un procedimiento permitido en estos casos por el Código Penal desde hace casi un siglo.

Ayer se conoció un caso similar de vulneración de derechos en Santiago del Estero. Una niña de 12 años en situación económica vulnerable fue abusada y quedó embarazada. No le practican la ILE porque en esta provincia no se aplica el protocolo previsto para estos casos de abortos permitidos por la ley.

Todos los debates son válidos y deseables mientras tengan sentido en un contexto de razonabilidad. Negar los femicidios, oponerse a capacitaciones sobre cuestiones de género o impedir que se apliquen las leyes solo porque no coinciden con nuestra manera de pensar, son resabios de autoritarismo y pensamiento sectario que una sociedad que aspira a la igualdad de derechos para todos sus habitantes no puede darse el lujo de seguir sosteniendo.

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