EDITORIAL

Los destinatarios de las quejas

domingo, 7 de abril de 2019 · 04:09

Requisitos básicos de cualquier protesta pública es tener perfectamente en claro cuál es el cuestionamiento y quiénes son los responsables de generar el problema por que el que se reclama y resolverlo en función de los intereses de los manifestantes. Tales requerimientos elementales no parecen cumplirse acabadamente en lo referido al acto para repudiar el altísimo costo de la energía eléctrica que se está convocando por estas horas en las redes sociales para mañana lunes en la plaza principal de Catamarca. 

El problema está claro: en los últimos años el precio que los ciudadanos catamarqueños -y el resto de los argentinos también- deben pagar por el servicio de energía eléctrica se incrementó de manera exponencial hasta provocar que muchos usuarios familiares o comerciales se vean imposibilitados de afrontar esa erogación. Pero mientras algunos andan con ganas de reprochar a la EC SAPEM local, en consonancia con las protestas que se vienen registrando en localidades como Recreo, otros apuntan su bronca por el tarifazo contra el Gobierno nacional. 

De algún modo se reproduce la polémica que involucró días pasados a la senadora catamarqueña Inés Blas y al jefe de Gabinete, cuando la primera le reprochó a la administración que conduce Mauricio Macri su política tarifaria y Marcos Peña le respondió que el costo que los usuarios pagan en las boletas en nuestra provincia es más caro que el promedio nacional.

De modo que conviene echar luz sobre algunas cuestiones. No hay dudas de que la responsabilidad del exorbitante aumento de las tarifas de los servicios públicos es del gobierno nacional, que retiró los subsidios que pagaba el Estado. Es cierto que hasta 2015 las tarifas que pagaban sectores medios y altos eran excesivamente baratas en relación con el costo total de producción y transporte y que había que ajustar hacia arriba el precio. Pero ese incremento ha llegado en tres años al 2.500% con una inflación general alrededor del 120% y un aumento de los sueldos por debajo del 100%.

La EC SAPEM y el Gobierno provincial deberán, a su vez, afinar a punta del lápiz y explicar los motivos de la deuda con CAMMESA, por qué razón la provincia se encuentra en lote de las provincias que más aumentó el costo de las tarifas y, sobre todo, la bajísima cantidad de usuarios beneficiarios de la tarifa social, que desde enero es responsabilidad provincial. 

Respecto de esta última cuestión, llama la atención, en un contexto de emergencia económica y social, la inacción oficial observada hasta ahora para salir a buscar a esos potenciales beneficiarios, que necesitan información clara respecto del derecho que tienen a pagar una tarifa diferenciada.

Establecer estas precisiones es tarea necesaria para que los ciudadanos, cuando reclamen por el tarifazo que los desvela, sepan a quiénes dirigen sus quejas, y por ende quiénes tienen el deber de dar respuestas.

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