El robo perpetrado en la Comisaría de Recreo constituye uno de los más meritorios esfuerzos erogados en pos de arrimar las jerarquías políticas al ciudadano exento de jinetas. No crean los catamarqueños rasos que la inseguridad los castiga solo a ellos. La propia Policía la sufre. Los malandras se afanaron mercadería secuestrada en un procedimiento valuada en millones de pesos, que estaba en custodia en un calabozo de la Unidad Regional Nº2 ¡No tienen límites estos junas gran siete, están desenfrenados! “Para nosotros es un tema lamentable y exhortamos a la Justicia para que tome las medidas urgentes a los fines de determinar las responsabilidades y sancionar a las personas que sean individualizadas en este lamentable hecho”, clamó el secretario de Seguridad Marcos Denett en una conferencia de prensa a la que concurrió flanqueado por la cúpula policial. Tiene toda la razón: no puede ser que esta Justicia catamarqueña permita tamaño estado de indefensión. El jefe de Policía, Orlando Quevedo, siente por su parte vergüenza, pero “ajena” ¿Por qué ajena? El robo ocurrió bajo las narices del comisariato recreíno avalado por él, así que le asiste legítimo derecho de propiedad sobre el papelón.
Uno de los cinco comisarios desplazados e imputados en la causa por “omisión de los deberes de funcionario público”, Rolando Javier Contreras, se manifestó por cuerda aparte. “Nunca pensé que yo iba a pasar a disponibilidad por esta situación. Fue una ingrata sorpresa y lo peor es que yo fui el denunciante de esta causa y me imputaron”, rezongó. Contreras denunció a dos de sus colegas, Oscar Giménez y Raúl Vaquel, quienes lo contradenunciaron. Completito el combo: robo de mercadería secuestrada, interna policial. Apasionante, como para una serie de Netflix. Puede ser un policial, un drama o una comedia, que la risa tiene efectos terapéuticos cuando la decadencia parece irremediable.
Concatenado con otros incidentes, el robo a la Comisaría permite ajustar perspectivas sobre la situación del sistema de seguridad catamarqueño. La intervención judicial no es necesaria para advertir que los criterios con los que se definen incorporaciones y ascensos en la Policía son defectuosos. En julio, un comisario fue acusado por patotear a un transexual cuyos servicios sexuales supuestamente había contratado. Esta agresión se sumó a numerosos hechos violentos protagonizados por policías, en el ejercicio de sus funciones o en su vida privada. Deficiencias en la formación de los cuadros policiales y el armamento e improlijidades en los protocolos de los procedimientos quedaron expuestas durante el juicio contra el ex policía Ariel Vergara, quien durante un operativo mató en Andalgalá, de un tiro, a Ariel Fuenzalida. El comisario Daniel Roldán fue desplazado de la Subjefatura de Policía cuando se descubrió que había malversado fondos y usado personal de la fuerza para comprar y hacerse cambiar los espejos retrovisores de su camioneta particular y adquirir los materiales y hacer trabajos de refacción su casa. La lista es, por razones de espacio, incompleta. No obstante, la sucesión de casos traza un perfil de la Policía inquietante, en el que se mezclan impericia, sentimientos de impunidad, venalidad e inestabilidad emocional. Sería injusto generalizar estos rasgos a todos los policías, pero el secretario Denett y el jefe Quevedo no pueden negar la contribución de los acontecimientos lamentables al fenómeno de la inseguridad, sumados, para colmo, a estadísticas oficiales que marcan un significativo avance del delito. Esto de pedir disculpas, declararse avergonzado y reclamarle a la Justicia es a esta altura de una insuficiencia patética: los yerros en materia de seguridad tienen responsables políticos. “No se puede entender que haya pasado esto en una comisaría, así que estamos muy avergonzados y muy molestos”, dijo contrito Quevedo en la conferencia de prensa. Error, jefe: dada la cadena de papelones que jalonan la gestión de Denett, más larga que la suya, se entiende perfectamente.
