Por Sebastián Lacunza para eldiarioar
domingo 5 de julio de 2026
El dispositivo de Comodoro Py se reconfigura. El expresidente ejerce vida de monarca mientras duermen los expedientes que lo involucran. Decisiones vandálicas del juez y el fiscal en la causa $LIBRA. Clarín baja las armas. Cristina encuentra una narrativa.
Por Sebastián Lacunza para eldiarioar
La voz —central en Comodoro Py— trazó el martes un cuadro inequívoco en uno de los salones del Palacio Bosch, durante la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. “Vamos a terminar de tomar la Cámara, quedan totalmente neutralizados”.
Ninguna otra celebración diplomática como la de Washington congrega una concurrencia de tan alto nivel y tan variada entre abogados, jueces y fiscales del fuero federal. Año tras año, se agrupan en el salón lateral que da a la Avenida Colombia. A diferencia del resto de una asistencia que ronda las mil personas, los magistrados no deambulan en busca saludos, miradas a las que esquivar y copas para el chinchín. Como si conocieran el poder que da la estabilidad en el cargo, las terminales disponibles y sueldos que no bajan de los $20 millones, dejan que los saludadores vayan al pie.
La sentencia de la voz citada en el primer párrafo hizo referencia al mapa que dejarán las designaciones de jueces que impulsa Juan Bautista Mahiques, “el mejor ministro de Justicia que tuvo la democracia”. La primera persona del plural (“vamos a…”) aludía a arrinconar a la línea del juez supremo Ricardo Lorenzetti, que dejó un tendal con sed de venganza. Algún juez sindicado como “militante” del kirchnerismo no significaba mayor riesgo antes, tampoco ahora.
El nudo de atención pasa en este momento por las dos salas de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Dos candidatos son número puesto para ocupar las sillas que dejarán vacantes Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, camaristas que el gobierno de Cambiemos metió por la ventana en 2018, salteándose el concurso, y cumplieron un servicio a rajatabla para el macrismo desde entonces.
En Comodoro Py dan por descontado que Pablo Yadarola ocupará una de las vacancias. Considerado del círculo más próximo de J. B. Mahiques, sus terminales satisfacen a Clarín —que lo incluyó el tour de lujo a Lago Escondido para jueces, fiscales y espías—, a la SIDE y a las facciones en pugna dentro del Ejecutivo. Desde el juzgado en lo Penal Económico que ocupa, Yadarola se encargó de no investigar el trasiego de valijas en aquel famoso vuelo de un avión negro de lujo propiedad de Leonardo Scatturice, el empresario estelar de la era Milei.
Después de saltos ornamentales en el orden del concurso, en la otra silla de la sala I de la Cámara sería ratificado Bertuzzi, aunque el grado de certeza de la predicción es menor que con Yadarola. A diferencia de su colega Bruglia que se declaró víctima ante el inminente desplazamiento y acudió a la CIDH, Bertuzzi aceptó concursar para el cargo al que había ingresado por decreto de Macri. En Comodoro Py, algunos afirman que el juez saliente-entrante supo sortear enemistades ancestrales con los Mahiques. Otros dicen que ese clan tiene enorme cintura política y no es dogmático, pero cuando hace la cruz, es para siempre.
La sala I quedaría conformada por Yadarola, Bertuzzi y Mariano Llorens, otro camarista designado en tiempos de Macri —con aval del Senado—, a quien la fuente ubica en la vereda de enfrente de Lorenzetti.
De la otra sala de la Cámara Federal, se despide en cuestión de semanas Martín Irurzun, un histórico afín a la UCR, por lo tanto, ideológicamente cercano al macrismo y al mileísmo, que paga caro su encadenamiento a Lorenzetti. Mahiques no lo incluyó en la propuesta de prórroga en el cargo al cumplir los 75 años. El ministro no tuvo con Irurzun la deferencia que concedió a su padre, Carlos Mahiques —otro pasajero de Clarín a Lago Escondido—, ratificado como juez de Casación federal.
Es curioso, pero si se repasa el listado de pasajeros de aquella excursión a la estancia de la Patagonia en octubre de 2022, que reveló una convivencia promiscua con el poder económico y los servicios, y dejó expuestas ilegalidades de todo tipo, lejos de haber marcado el final de carreras judiciales, selló el camino al ascenso.
La sala II de la Cámara pasará a ser integrada por el reemplazante de Irurzun —a definir, si es que no prospera un amparo que presentó para quedarse—, Eduardo Farah —considerado adverso a Lorenzetti— y Roberto Boico, un exabogado de Cristina designado por el Senado en 2021, con presuntas conexiones vigentes con el Instituto Patria y movimientos que causan desconcierto en algunas oficinas.
Si lo consigue, Mahiques coronará el máximo trofeo que podía ofrecerles a los Hermanos Milei.
El ministro, conocedor cabal de los pasillos de tribunales, negoció con diferentes tribus para lograr aprobaciones amplias en el Senado a dos centenares de jueces —de allí la indignación de Clarín y La Nación por el aval a algún “militante K”, “garantista” o claudiotapista—, pero se reservó una línea férrea en el fuero penal federal que tratará durante los próximos años los asuntos de corrupción del Presidente, su hermana y sus socios.
Las idas y vueltas de Lorenzetti con todos los gobiernos, promesas que no pudo cumplir y métodos persuasivos poco edificantes multiplicaron sus enemigos. A Horacio Rosatti, némesis en la Corte Suprema, no le atribuyen menos ambición, pero sí mayor capacidad política y vocación de ceder espacios en aras de la convivencia. Rosatti ya obtuvo de Mahiques parte de lo que quería, como la designación de su hijo en un tribunal de Santa Fe y el compromiso de no alterar la Corte y la instancia penal previa, Casación Federal, si los cambios eventualmente pusieren en riesgo el statu quo.
Otra experimentada fuente, anotada en el equipo “derrotado” de Lorenzetti, invita a no precipitar lecturas. “Las lealtades inamovibles caducan cuando se instalan en el juzgado”, advierte. Sabe por qué lo dice.
Es claro que el fuero federal ofreció invariantes en la última década y media —el blindaje de Macri y Clarín; la mira en Cristina—, pero los espacios de influencia no son estancos. No son pocos los jueces y fiscales que hicieron de sus despachos una fortaleza en sí misma, generándose una dosis de autonomía para la pulseada. El futuro no está determinado.
Mauricio Macri se da una vida de monarca desde que terminó su inolvidable paso por Casa Rosada. El expresidente viaja por hoteles seis estrellas, sea por su misterioso cargo en la FIFA o simplemente porque puede. Cada tanto, los canales de noticias lo invitan a conversar. La última semana, el streaming Olga dejó de lado su desinterés explícito por la actualidad y se prestó a acompañar un día en la vida de Macri. Un relax que causaría envidia a todo el mundo, menos a su ex, Juliana Awada, que muestra en redes sociales que el placer no tiene límites de tiempo y dinero.
Los cajones de Comodoro Py albergan expedientes sobre negocios multimillonarios arbitrados por la gestión Cambiemos que tuvieron a la familia Macri como beneficiaria. El lucro con los parques eólicos, el pago de cientos de millones de dólares a los socios de Socma en las autopistas, la autocondonación de la deuda por el canon impago del Correo, los cientos de millones de dólares gastados en el fallido soterramiento del tren Sarmiento con el primo Calcaterra como contratista, el salvataje del aportante de campaña Vicentin, las cuentas offshore en Panamá o en Luxemburgo, etcétera. Ninguna de esas causas siquiera despeinó al exmandatario, todas se encuentran paralizadas.
No todos los expedientes son de presunta corrupción. También los hay sobre espionaje a propios y extraños, afición constante desde que Macri ocupó su primer cargo ejecutivo en la Ciudad, en 2007. Todo fue legal y con buena intención; a lo sumo, una aventura de espías aficionados, dijeron los jueces. No se pudo probar que esas células estatales y paraestatales que remitían el resultado de sus seguimientos al despacho presidencial actuaran bajo las órdenes de Macri. Los pocos jueces y fiscales que se atrevieron a dar un paso, terminaron destituidos o con el sello de la desconfianza en la frente, el “militante K”.
Nada de eso es tema para los partidos que integraron Juntos por el Cambio —PRO, UCR y Coalición Cívica—, ni para los medios y las ONG que la se dicen de tradición “republicana”. Fingir demencia, deporte nacional.
El dispositivo que garantizó a Macri y sus funcionarios el blindaje absoluto sirvió a los Milei en sus primeros dos años. Fue un “préstamo” que no elimina riesgos para Hermanos que han demostrado una inusitada avidez por el dinero, al punto de implicarse en burdas gestiones personales en negocios con apariencia de delito.
La reconfiguración encargada a Mahiques explica una transición hacia un esquema que brinde garantías más firmes en los próximos años. No se trata sólo de los Milei. La motosierra está desmantelando el Estado y el llamado a lavar dinero en Argentina es explícito en el discurso oficial. Políticas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mueven miles de millones de dólares. En círculos asociados a ganancias exorbitantes que no estaban en los planes de nadie hasta hace poco, califican el beneficio como “un escándalo”. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse ese instrumento venal llamado Inocencia Fiscal?
Con cargos en plena transición y jueces y fiscales que aguardan la definición de su propio destino o de algún cónyuge, hijo o ahijado profesional, están en juego las causas por las coimas en la Agencia de Discapacidad (el supuesto 3% extra de Karina), la presunta criptoestafa $LIBRA y los ¿cuentapropistas? Manuel Adorni y José Luis Espert. Es tiempo de determinar nulidades, querellantes y rutas de apelación.
De todas ellas, $LIBRA es la más grave para los Hermanos. En ese expediente hay pruebas de que los presuntos estafadores Mauricio Novelli y Hayden Davis estaban dispuestos a pagarle al menos US$5 millones al Presidente si promocionaba la criptomoneda. También hay datos sobre transferencias por US$1 millón ejecutadas en el momento en que Novelli visitaba en Casa Rosada invitado por Milei y pocas horas después. Se suman cajas de seguridad vaciadas en los días posteriores, gastos suntuarios en negro porque quemaba el dinero, textos que afirman que la banda tenía bajo control a Karina y, sobre todo, un posteo presidencial que activó un presunto fraude de US$100 millones.
Bajo un estándar aceptable del estado de derecho, se pondrían en juego la continuidad de un gobierno y la libertad de sus cabezas. Sobre ningún presidente de la democracia pesaron sospechas tan directas como en $LIBRA.
El riesgo es tan alto, que Milei ni atina a criticar a los integrantes de la banda que ventilaron a los cuatro vientos que lo tenían contratado, y el sistema de poder acepta al fiscal Eduardo Taiano como instructor, y al juez Marcelo Martínez de Giorgi como juez de primera instancia. La especialidad y tarea casi única del primero es no investigar ninguna causa que llegue a su despacho. Una nota de la periodista y abogada Natalia Volosín demostró cómo Taiano escondía prueba fehaciente sobre el vínculo comercial de Novelli y Davis con los Milei.
El registro de Martínez de Giorgi da cuenta de favores en diferentes direcciones. Sólo con su actuación dilatoria en el soterramiento del Sarmiento —un fraude de centenares de millones de dólares—, benefició tanto al entorno de los Kirchner como de los Macri. Tras permanecer inerte durante un año y medio en el caso $LIBRA, el juez acaba de tomar una decisión que procura herir de muerte el expediente. Apartó a todas las querellas de quienes se presentaron como damnificados de la presunta estafa. En consecuencia, el impulso único de la causa quedó en manos de Taiano.
Una fuente con acceso al expediente especula: si en cuestión de semanas, bajo el efecto distractivo de algún asunto deportivo o político, Martínez de Giorgi decreta la nulidad con alguna excusa pueril y Taiano no apela, la causa se cierra.
El juez mostró un camino esta semana. Argumentó que tiende a creer que $LIBRA se trató de un negocio en el que hubo ganadores y perdedores que aceptaron un juego especulativo —exactamente, el argumento de Milei que ni siquiera necesitó sostenerlo en el expediente porque no fue convocado—, antes que un fraude montado por una gavilla desde el despacho presidencial, que contó con información privilegiada y retiró ganancias exorbitantes apenas se acumularon fondos aportados por inversores que se tentaron por el tuit de Milei. Martínez de Giorgi ni se molestó en comentar o tomar alguna medida sobre el dato crucial de que el posteo presidencial que facilitó el negocio pudo haberse disparado a partir de un pago millonario.
El silencio sobre el tema de medios oficialistas que se encendieron con el frenesí comprador de Adorni es elocuente de las complicidades en juego.
En lo inmediato, las querellas de los inversores damnificados apelarán su exclusión ante una sala de la Cámara Federal en plena reconfiguración (Llorens, Bertuzzi y Bruglia).
Feliz, el cryptobro Mauri disfruta el Mundial. Cuando salió a la luz el contrato de US$5 millones, Novelli publicó en Instagram una imagen suya arrojando una pelota a un aro de basket. El viernes, horas después de que Martínez de Giorgi diera lugar al requerimiento de su abogado de expulsar a los querellantes, el bro se mostró por la noche en el estadio de Miami en el que jugó la selección argentina. Vive con la tranquilidad de quien es socio de Davis, ese gánster que transmitió en una red: “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese ‘nigga’ (negro)… Le envío $$ a su hermana y él firma lo que sea que diga y hace lo que yo quiera”.
Mientras, Cristina permanece en reclusión en San José 1111.
La juzgan por lo que hizo; lo que intentó hacer; lo que no hizo ni intentó, pero pudo haber hecho; y lo que hicieron segundas, terceras y cuartas líneas, porque no podía no saber. Le prohíben recibir visitas, asomarse al balcón o ir a tomar sol a la terraza. Toda querella en su contra, aunque sea una ONG formada por funcionarios macristas, es aceptada. Si un expediente se archiva porque se agotaron las instancias, se reabre o duplica con un testimonio obtenido de una escucha que le acercan a Majul. Se la juzga por decisiones de política internacional votadas por el Congreso, sin ninguna consecuencia real (memorándum con Irán), y porque trasladó diarios y muebles en el avión presidencial. Quienes deciden sobre la suerte judicial de Cristina son jueces y fiscales que frecuentaron a Macri en sus quintas para jugar al fútbol o al pádel, o simplemente confraternizar.
El resultado de todo ello es la exclusión electoral de una de las dirigentes más populares del país.
Ningún argumento racional permitiría inferir que Cristina buscó o pactó esta situación. Con más de setenta años, la expresidenta está privada de la libertad y no puede siquiera ver a su gente, como hace cualquier preso domiciliario.
En segundo plano, la persecución les sirve a los Kirchner para eximirse de dar cuenta de la corrupción estructural en la obra pública entre 2003 y 2015, con su socio y cliente Lázaro Báez como uno de los aventajados. También les acerca una narrativa, el reclamo de “Cristina Libre”, ante el notable agotamiento de respuestas a problemas económicos y políticos de los que no fue ajena su gestión.
Madre e hijo pusieron una vara extravagante: sólo está validado como opositor quien visita San José 1111 y acepta el mandato político de Cristina. Útil para la vigencia política de su figura, no para proponer un plan de gobierno y ganar una elección.
Entre la impunidad para unos, la persecución a otros y un loop endogámico en las fuerzas en pugna, el tablero de la democracia se vuelve tóxico.